Tras ser aprobada la Nica Act, el presidente Ortega anunció que activará el cobro a Estados Unidos por una indemnización a la que el Estado de Nicaragua desistió en 1991, durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
La junta directiva del Parlamento calificó la iniciativa como una “acción hostil e injerencista en contra del pueblo nicaragüense”.
El presidente del Partido Conservador (PC) Alfredo Cesar, también se opuso a la iniciativa y refirió que es “inútil tratar de cobrar una deuda que jamás va a pagar Estados Unidos”.
Los diputados realizaron la votación a mano alzada porque el sistema digital del hemiciclo no funcionó.
