Debido a que el gobierno cerró las negociaciones con la empresa Albanisa de Venezuela, el diputado Wilfredo Navarro expresó que el bloqueo económico impuesto por EE.UU al país sudamericano no afectaría a Nicaragua.

“Eso ya se acabó. Ya Albanisa es más cuento que otra cosa. Ya todo eso está en otras condiciones y no tiene ninguna afectación con Albanisa, respondió el diputado Navarro al finalizar una sesión en la Asamblea Nacional.

Además agregó que el gobierno ha venido adoptando medidas para enfrentar las sanciones directas anunciadas por el gobierno estadounidense contra Albanisa así como por efecto de la relación política con Nicolás Maduro. Dicha empresa  es filial de la Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) la cual  es dueña del 59 por ciento  y el otro 49 por ciento de las acciones le corresponden a  Petróleos (Petronic).

“¿Ya no existe Albanisa?, insistió LA PRENSA a lo que Navarro dijo ;no sé, yo no manejo los negocios del Frente Sandinista”

En la noche del lunes, el gobierno de Donald Trump anunció el bloqueo de «las propiedades del gobierno de Venezuela debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Asimismo  este martes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, elevó la advertencia a los gobiernos aliados de Maduro que procedan con extrema cautela diciéndoles que si mantiene el apoyo al dictador venezolano será arriesgarse a sufrir medidas similares por parte de EE.UU.

"Funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí (Nicaragua) otra vez, y va a funcionar en Venezuela y Cuba" expresó Bolton, en el marco de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que se realiza en Lima.

Albanisa Llegó a manejar unos 4,000 millones de dólares desde 2007 y fue sancionada por EE.UU en enero pasado  por su vinculación con Pdvsa, asi mismo, como un mecanismo para golpear económicamente a Nicaragua y Venezuela, que son acusados de mantener una política de represión reflejadas en las constantes las violaciones a los derechos humanos de su población.

Fuente: La Prensa