De colonia penal temida a Patrimonio de la Humanidad
Coiba fue convertida en colonia penal en 1919, bajo la presidencia de Belisario Porras, y funcionó como prisión a cielo abierto durante unos 85 años. Allí fueron recluidos criminales peligrosos y, entre 1968 y 1989, también opositores políticos durante la dictadura militar. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Panamá, en el penal se documentaron torturas, trabajos forzados, golpizas y graves deficiencias en alimentación y atención médica, en un entorno natural hostil con animales venenosos y aislamiento extremo.
Violencia extrema y cierre de la cárcel en 2004
La historia de la isla incluye una masacre ocurrida en 1998, cuando, según testimonios recogidos por el Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas de Panamá, cuatro reclusos que intentaban fugarse fueron decapitados por un grupo rival tras ser arrastrados por las fuertes corrientes marinas hacia una zona dominada por sus enemigos. El historiador Ezer Vierba, de la Universidad de Yale, sostiene que la brutalidad de episodios como este y los altos costos de mantener una prisión insular contribuyeron al cierre definitivo del penal en 2004. Un año después, en 2005, la Unesco declaró la isla Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad y su relativo aislamiento de la intervención humana.
Un laboratorio ecológico en disputa
Actualmente, Coiba y su área marina abarcan unas 270.125 hectáreas, lo que la convierte en el parque marino más grande de Centroamérica y en un laboratorio natural para investigadores. Según estudios citados por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá, más de 20 asentamientos penales llegaron a cubrir cerca del 20 % de la isla principal, mientras el resto del territorio se mantuvo prácticamente virgen. Biólogos que trabajan en la zona describen al archipiélago, con más de 30 islas e islotes y una isla principal de 500 km², como una especie de “parque jurásico” moderno, clave para entender ecosistemas poco alterados y la función de Coiba como guardería natural para tiburones, ballenas y arrecifes que sostienen la pesca en el continente.
La apuesta de Mulino por la seguridad
Tras la fuga de unos 195 reclusos de la prisión de La Joyita, en la provincia de Panamá, el presidente José Raúl Mulino ordenó el traslado de 29 presos catalogados como de alta peligrosidad a la base aeronaval cercana a las antiguas instalaciones del penal en Coiba, y posteriormente de otros 3, entre ellos el exalcalde de la ciudad de Colón, Carlos Lee, señalado por delitos contra la administración pública. El mandatario declaró que “el traslado a Coiba fue realizado de acuerdo con las necesidades de seguridad nacional. No es una discusión sobre una reserva, sino de la seguridad de los panameños”, insistiendo en que su objetivo es debilitar las estructuras criminales que operan desde el sistema penitenciario.
Ley ambiental, organizaciones críticas y silencio oficial
El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá y otras organizaciones firmaron un comunicado en junio en el que recuerdan que la ley especial que protege el Parque Nacional Coiba no contempla la presencia de reclusos y limita el uso del territorio a la administración del parque, la investigación científica y el ecoturismo. Desde el Ministerio de Ambiente se afirmó que no existe impacto ambiental porque no se ha construido infraestructura nueva para albergar a los privados de libertad. Sin embargo, científicos y líderes ambientales cuestionan que se reinstale una función carcelaria en un espacio protegido, mientras medios locales registran protestas de familiares de los presos frente al Ministerio de Gobierno, denunciando las condiciones de traslado y la lejanía del nuevo centro. A pesar de las solicitudes de acceso a la base aeronaval y de información detallada, el gobierno no ha ofrecido explicaciones adicionales, dejando abierta una disputa que enfrenta la política de seguridad con los compromisos de conservación de una de las reservas más emblemáticas de Panamá.
