Según el documento publicado este martes, los bienes e intereses en las propiedades de las personas sancionadas están bloqueados y se publican en el Registro Federal de Estados Unidos, además de incorporarse a la OFAC.
Indica que «cualquier transferencia después de la fecha de vigencia que viole cualquier disposición de este parte o de cualquier regulación, orden, directiva, decisión, instrucción o licencia emitida de conformidad con esta parte, y que involucra cualquier propiedad o interés en propiedad bloqueada es nulo e inválido y no será la base para la afirmación o reconocimiento de cualquier interés o derecho, recurso, poder o privilegio con respecto a dicha propiedad o interés en la propiedad».
Según las definiciones generales que se utiliza en el documento, los términos «cuenta bloqueada» y «propiedad bloqueada» significarán «cualquier cuenta o propiedad sujeta a las prohibiciones en nombre de una persona cuya propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados».
En relación a los pagos, transferencias, exportaciones, los retiros u otras transacciones no pueden realizarse ni efectuarse excepto de conformidad con una licencia u otra autorización de la OFAC.
La orden también implica que con respecto a los pagos y transferencias a cuentas bloqueadas en instituciones financieras de EE. UU. cualquier pago de fondos o transferencia de crédito de una persona sancionada, que está en posesión o control de una institución financiera de EE. UU. debe bloquearse en una cuenta en los libros de esa institución financiera.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mediante la orden 13851 declaró al Gobierno de Nicaragua como “una amenaza para la seguridad nacional” de su país.
El gobernante estadounidense ordenó que se bloqueen los bienes o intereses dentro de la jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamiento de las instituciones y procesos democráticos, corrupción o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país centroamericano.
En total once funcionarios del régimen han sido sancionados por Estados Unidos por violación de derechos humanos y/o corrupción: Sonia Castro, Orlando Castillo, Francisco Díaz, Francisco López, Oscar Mojica Obregón, Nestor Moncada Lau, Fidel Antonio Moreno Briones, Rosario Murillo Zambrana, Laureano Ortega Murillo, Gustavo Porras, Roberto Rivas Reyes, además del Banco Corporativo (Bancorp), propiedad de Albanisa.
Fuente: La Prensa
