«El gobierno nicaragüense debe poner fin a las represalias contra el personal de la emisora Radio Darío y a la represión de otros trabajadores de los medios», denunció la entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
«Hay indicios de una represión sistemática y continua de los medios de comunicación, con periodistas silenciados, agredidos y amenazados de muerte», agregó.
Desde abril de 2018, Nicaragua fue sacudida por una ola de protestas que derivaron en un movimiento para pedir la salida del dictador Daniel Ortega. La represión contra las protestas dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62,500 exiliados, según organizaciones humanitarias.
«La represión y la violencia contra los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos han aumentado considerablemente desde abril de 2018», denunció la organización.
Tras el inicio de las protestas en 2018, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), que se desplazaron a Nicaragua pero fueron expulsados por el régimen el 19 de diciembre.
Tras su expulsión, los expertos denunciaron en un informe publicado en diciembre en Washington, que el Estado de Nicaragua llevó a cabo «conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad.
Fuente: La Prensa
