La CIDH tiene “mucho que aportar en los procesos de reconstrucción de memorias, verdad, justicia y reparación” en Nicaragua, afirma Antonia Urrejola Noguera, segunda vicepresidenta de este organismo y relatora para la nación nicaragüense.
Por eso, entre los temas que la CIDH considera venir a tratar a Managua, están “la excarcelación de todos los presos políticos, la implementación de condiciones para el retorno seguro de los exiliados y la asistencia y capacitación en materia del derecho internacional de los derechos humanos para funcionarios estatales, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil en general”, indica la relatora.
La resolución de la OEA acordada el pasado 28 de julio, en la Asamblea General de Medellín, plantea “insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Algunos puntos de la resolución de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Medellín, Colombia, del 28 de junio de 2019: Reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año yal cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados
La misma resolución de la OEA insta “a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados” en marzo pasado.
Sin embargo, 32 días después de esa declaración, el Gobierno dio por finalizado el diálogo con la Alianza Cívica en una carta que envió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, con copia a El Vaticano.
La reacción inmediata de la CIDH consistió en recordar que “el diálogo democrático es un elemento indispensable en las reformas institucionales que requiere Nicaragua para superar la crisis, conforme a los estándares de no repetición que obliga al Estado frente al derecho internacional”.
Urrejeola, señaló que “el deterioro estructural de la democracia en Nicaragua, en particular la falta de independencia de poderes públicos ha sido un factor fundamental para mantener la represión sobre manifestantes opositores, defensores y defensoras de derechos humanos”.
Urrejola hace énfasis en la importancia de darle asistencia técnica al Estado de Nicaragua, por ejemplo, en cómo mejorar el sistema de justicia en materia de derechos humanos y el desarrollo de “reformas para conseguir su plena independencia y autonomía.
Un punto en la agenda de la CIDH es la confianza de las víctimas en que habrá justicia. “En cualquier proceso de diálogo que busque la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos que vive el país, la participación de las víctimas es primordial, ellas deben ser oídas y creo que nuestra presencia en el país, para ellas, es un factor que genera confianza”, explica la relatora.
La CIDH llegó a Nicaragua en mayo de 2018, amparada por una carta suscrita el 13 de ese mes por el canciller nicaragüense Denis Moncada, quien la dirigió al secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao
Así, el Gobierno de Nicaragua daba la autorización para que una misión de la CIDH realizara una visita al país, de carácter preliminar, del 17 al 21 de mayo, para conocer la situación de los derechos humanos. La respuesta del Gobierno ocurrió después de tres solicitudes de ese organismo de la OEA, pidiendo ingresar a Nicaragua. Antonia Urrejola recuerda que recién iniciadas las protestas, la CIDH manifestó públicamente su preocupación por las muertes y el uso desproporcionado de la fuerza de parte de la policía.
Por Otro lado Antonia Urrejola abordó el tema de la amnistía, la cual pretendería “impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos”, contraviniendo “derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”
La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó el sábado 8 de junio de 2019 una ley de amnistía para “perdonar” a todas las personas que cometieron “algún delito” durante las protestas antigubernamentales, a partir de abril del 2018. También incluye perdón y olvido para todos los delitos cometidos desde el Estado.
El Código Penal de Nicaragua reconoce los delitos de lesa humanidad a partir de su artículo 486 y para juzgar estos casos se puede aplicar “el principio de universalidad” establecido en el artículo 16 del mismo código
Por ejemplo, el artículo 486 define la tortura como el sometimiento a otra persona “a cualquier tipo de tortura física o psíquica con fines de investigación penal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, pena o cualquier otro fin”.El Principio de Universalidad, fijado en la legislación de Nicaragua, especifica que las leyes penales del país “serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional” delitos contra el orden internacional
La relatora de la CIDH, Antonia Urrejola, hace énfasis en que, según la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana, “las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable”.
En Nicaragua, “falta la verdad judicial, falta determinar los responsables individuales, sancionarlos, falta reparar a las víctimas y a sus familiares; la justicia es fundamental, no es posible reconstruir un país que vive una crisis tan grave de derechos humanos, sin justicia, sin verdad y sin memoria”, advierte.
FUENTE: EL NUEVO DIARIO
