Las funciones de Porras fueron delimitadas mediante una reforma a la ley orgánica del parlamento que reduce a una representación política las facultades de su titular y traslada las funciones administrativas y financieras a un secretario ejecutivo.
Los cambios fueron aprobados con carácter de urgencia por 70 votos de diputados del oficialista Frente Sandinista (FSLN, izquierda), que ostenta mayoría, mientras que la oposición abandonó el plenario en protesta porque había pedido la destitución del titular del Congreso.
Porras es uno de los cuatro funcionarios sancionados el pasado viernes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a los que acusa de perseguir ciudadanos disidentes, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negar atención médica al pueblo nicaragüense.
Las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios nicaragüenses implican la congelación de bienes en Estados Unidos y las entidades bancarias pueden ser objeto de acciones en caso de facilitar transacciones con las personas afectadas.
Orgulloso de sanción
Porras consideró que “es un orgullo, un reconocimiento y una condecoración que el imperio (Estados Unidos) asesino hable de sanciones”, tras reafirmar su lealtad al “comandante (presidente) Daniel (Ortega) y a la compañera (vicepresidenta) Rosario (Murillo)”.
La acción legislativa es la primera reacción a las sanciones contra los cuatro jerarcas, que incluyen a la ministra de Salud, Sonia Castro; al director de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo; y al ministro de Transporte e Infraestructura, el general en retiro Óscar Salvador Mojica.
La medida del parlamento es la misma utilizada con el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, quien fue sancionado en diciembre del 2017, con la Ley Magnitsky, por actos de corrupción. Rivas renunció meses después a su cargo.Los sancionados el viernes pasado se suman a otras siete figuras nicaragüenses castigadas por Estados Unidos, entre ellos Rosario Murillo; Laureano Ortega, hijo de ambos gobernantes; el director de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, además de Rivas.
Canadá también anunció sanciones en respuesta a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos en Nicaragua en el contexto de las protestas que estallaron en abril de 2018 y que según organismos humanitarios dejaron 325 muertos, más de dos mil heridos y 62,500 exiliados. (Con información de Redacción Central).
Ring de boxeo
Previo a la aprobación, el plenario se convirtió en un ring de boxeo donde los diputados oficialistas y opositores se sacaron todos los trapos sucios. La diputada Liberal María Fernanda Flores demandó la renuncia de Gustavo Porras debido las sanciones impuesta por Estados Unidos y Canadá.
La diputada sandinista Rita Fletes dijo que no le hacen caso a los “peleles ni a los pitiyanquis”. “Somos hijos de Sandino, de Fonseca y de Daniel Ortega”.
Periódico Hoy
