La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) calificó la detención del teniente Hernández como un secuestro, pues fue arrestado el pasado 10 de junio sin que hubiera orden de captura, ni proceso abierto en su contra.Lo que más angustiaba a la familia es que los policías se negaban a dar información sobre el paradero del teniente y desconocían su estado de salud. Antes de intentar salir del país por la frontera norte, el teniente Hernández grabó un video donde explicaba que abandonaba la Policía porque no estaba de acuerdo con reprimir a los opositores al gobierno.
Le inventan proceso
Ana Delgadillo Gutiérrez, su esposa, confirmó ayer que el teniente fue por fin localizado en la cárcel el Chipote. Dijo que le informaron que está detenido y enfrentará un proceso por drogas.Sin embargo, Delgadillo rechazó estos cargos y expresó que esto es una mentira más de la Policía del régimen. “Es mentira, esto se hace con base a que él puso la renuncia y ahora dicen eso para poder inculparlo y castigarlo por haber, según ellos, traicionado”, se lamentó la mujer.
Pese a que los oficiales aseguraron a los familiares que Hernández se encuentra en las mazmorras del Chipote, estos le negaron verlo y le expresaron que la visita sería hasta el próximo jueves 20 de junio.Hernández pertenecía al área de antinarcóticos. Previendo su captura, él grabó un video donde denunciaba las arbitrariedades que realiza la Policía. “Si algo me llega a pasar, responsabilizo a la institución”, dijo.
Tanto jueces como magistrados del Poder Judicial incumplen su función de garantizar los derechos constitucionales y procesales de las personas secuestradas y procesadas por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, desde abril de 2018.
Contrario a esto, avalaron las ilegalidades realizadas por la Policía y la Fiscalía, reveló el análisis jurídico realizado por abogados penalistas y defensores de presos políticos agrupados en Acción Penal. El estudio confirma además que el régimen de Ortega utilizó el sistema de justicia para reprimir y criminalizar las protestas sociales en Nicaragua.
Acción Penal basó su análisis jurídico en los casos de 15 presos políticos, de estos cuatro fueron secuestrados y 11 casos judicializados por diferentes delitos. Entre los casos mencionaron el del maratonista Alex Vanegas, secuestrado más de cuatro veces y encerrado en el Sistema Penitenciario La Modelo sin ninguna causa penal.
También está el caso de Carlos Valle y José Alejandro Carballo, de Masaya. “Los jueces se convirtieron en jueces inquisidores. A la justicia le quitaron las vendas y le dieron un hacha para matar legalmente a los manifestantes”, dijo el abogado José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Periódico Hoy
