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Sanciones individuales a funcionarios públicos ,responsables de violaciones a los derechos humanos desde el pasado 18 de abril, proponen las resoluciones sobre la situación de Nicaragua que el Parlamento Europeo (PE) discutirá este 13 y 14 de marzo en la sesión plenaria.

Además, urge la activación de la cláusula democrática que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA).

Son seis propuestas que serán sometidas a discusión en el plenario, algunas más directas y específicas en cuanto a las sanciones y solo una, la propuesta de Resolución B8-0167/2019, no contempla sanciones.

La propuesta de Resolución B8-0170/2019, en el punto número diez, recuerda que “a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, tal como lo defiende y promueve la UE”, en ese sentido “urge que la cláusula democrática sea activada”, lo que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central.

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La Unión Europea es uno de los principales donantes de Nicaragua y para este año tiene comprometidos 128.12 millones de córdobas en concepto de cooperación no reembolsable, según datos del Presupuesto General de la República.

Sin embargo, la propuesta no menciona el retiro de esa cooperación, sino que “insta a la UE y a los Estados miembros a que continúen supervisando la situación y urge a considerar la implementación de sanciones específicas e individuales contra las personas del Gobierno, responsables de violaciones de derechos humanos”, destacando que estas “no deberían perjudicar a la población en general”, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, del 21 de enero de 2019.

Los puntos uno y dos de la Resolución condenan la severa violencia contra manifestantes y la represión del derecho a la libertad de expresión y reunión; expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y ofrece sus condolencias a las familias de los que murieron desde abril 2018.

También reitera su demanda al Gobierno de Nicaragua de iniciar una investigación imparcial e independiente y enjuiciar a aquellos involucrados en cometer abusos contra los derechos humanos durante las protestas.

La propuesta de Resolución número B8-0169/2019, es más detallada: solicita que “el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, sin perjudicar a la población nacional, como las prohibiciones de visas y la congelación de activos contra el Gobierno de Nicaragua y las personas responsables de violaciones de derechos humanos”.

Represión más fuerte

Uno de sus considerados refiere “que la represión en el país se ha intensificado desde la visita de esta delegación” de eurodiputados el mes de enero.

Además, la resolución considera todos los acontecimientos de represión policial y paramilitar contra las protestas civiles desde el 18 de abril; las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tomando como base el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); el allanamiento y cancelación de personalidad jurídica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG); la privación de libertad a más 700 personas por participar en las protestas contra el gobierno; la censura a los medios de comunicación independientes, el deterioro de la democracia, entre otras situaciones.

Desde el 18 de abril 2018, Nicaragua vive una crisis por la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida del poder de Daniel Ortega. Según organismos de defensa de derechos humanos, entre 325 y 535 personas han muerto debido a la represión y más de 767 están presas por participar en las protestas.

Ortega solo reconoce 199 muertos, a quienes identifica como policías y simpatizantes de su gobierno. Ortega también asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un “golpe blando” en su contra, a quienes acusa de terroristas.

Asimismo, la resolución recuerda que “a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de América Central, Nicaragua debe respetar los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, tal como los confirma y promueve la UE”. E insta a que se active la cláusula democrática, “lo que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central”.