En 18 acápites, el informe detalla la situación de las inversiones en Nicaragua y los asuntos relacionados a los escenarios, retos y oportunidades que ofrece el país a los ciudadanos estadounidenses que quieran invertir.
Aspectos como los incentivos para inversiones y el trabajo de la agencia ProNicaragua, son varios de los detalles positivos que señala el documento oficial que se puede leer aquí. Sin embargo, también se refiere a asuntos relacionados al sistema de justicia y la burocracia institucional.
PREOCUPACIONES
“Instituciones de gobierno débiles, deficiencias en el Estado de Derecho, y un excesivo control del ejecutivo pueden crear significativos retos para aquellos que hacen negocios en Nicaragua, particularmente para los pequeños inversionistas extranjeros. Muchos individuos e instituciones han elevado sus preocupaciones sobre la aduana y las operaciones de impuestos en particular”, detalla el informe.
Asimismo, afirma que “inversionistas a gran escala y firmas con relaciones positivas con el partido de gobierno tienen ventajas en sus gestiones con la burocracia gubernamental. Hay una percepción ampliamente conocida que el poder judicial y las fuerzas policiales han sido politizadas y son sujetas a influencias externas”.
Adicionalmente, en el informe se señala que “la importante presencia de empresas y firmas que son propiedad del Estado o controladas por oficiales del gobierno, reducen la transparencia y pueden poner a las compañías extranjeras en desventaja”.
En el acápite de resolución de conflictos, el informe insiste en que el sistema legal es “débil e incómodo”.
“Es ampliamente creído que miembros del poder judicial, incluyendo algunos en las posiciones más altas, son corruptos y están sujetos a grandes presiones políticas, especialmente desde el ejecutivo”, afirma el documento.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR TIERRAS
Si bien en algunos aspectos como la resolución de los conflictos de propiedad por las confiscaciones en la década de 1980 a ciudadanos estadounidenses ya están resueltos, el informe señala que actualmente la embajada (en Managua) ha elevado su preocupación al gobierno “sobre infracciones a los derechos de propiedad privada de ciudadanos estadounidenses”.
El informe cita: “Algunos ciudadanos estadounidenses han reportado dificultades ejerciendo el derecho de la propiedad por la falta de acciones del gobierno, tales como el fracaso de las autoridades locales para remover ocupantes ilegales o largos retrasos sin explicación de parte de las autoridades de gobierno para la ejecución de deberes básicos como encuestas catastrales o emisión de documentos necesarios para los propietarios”.
Otro aspecto relacionado a la propiedad y mencionado en más de una ocasión en el informe es el Canal Interoceánico.
“Estadounidenses y otros titulares del derecho de propiedad han expresado su preocupación sobre el proyecto del Canal Interoceánico por Nicaragua. En 2013, el Gobierno de Nicaragua entregó a Hong Kong Nicaragua Development Group (HKND) una concesión por cien años para construir el propuesto Canal, sin haberlo sometido a competencia y sin la oportunidad de comentarios públicos”, reza el informe.
Además, señala que “la ley nicaragüense que entrega la concesión del Canal, establece que a los propietarios se les pagará el ‘valor catastral’, que los inversores estadounidenses temen sea por debajo del valor de mercado, en violación de parte del Gobierno de Nicaragua a la obligación establecida bajo el tratado de libre comercio establecido entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta)”.
Por ello, según el informe, la Embajada de los Estados Unidos en Managua ha recordado al Gobierno nicaragüense sus obligaciones bajo el DR-Cafta así como la necesidad de un proceso abierto y transparente.
DISPUTAS EN JUZGADOS LOCALES
En la burocracia nicaragüense los procedimientos judiciales pueden ser lentos e incómodos para inversionistas estadounidenses que esperan una resolución en Nicaragua, ya que estos toman más tiempo en ese país que en los Estados Unidos, indica el informe sobre clima de inversiones en Nicaragua 2016, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Otro punto señalado sobre este tema en el informe es que “la posterior ejecución de las resoluciones judiciales se lleva a cabo generalmente, aunque la embajada tiene conocimiento de al menos una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua que no ha sido cumplida”.
También, en el informe se refieren a las declaraciones de bancarrota y la legislación existente, y se afirma que “la ejecución de las órdenes judiciales, con frecuencia están sujetas a consideraciones no judiciales. Los inversores extranjeros están en desventaja en los litigios contra los nacionales con conexiones políticas o personales”.
Tomado de: La Prensa.
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