El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a los fiscales federales que investiguen a todo funcionario local o estatal que crean que esté interfiriendo con las medidas enérgicas del gobierno del presidente Donald Trump para hacer cumplir las leyes migratorias, y señaló que podrían enfrentar cargos penales, en una aparente advertencia a las decenas de jurisdicciones santuario del país.