Sector privado exige blindar la ruta hacia 2027
De acuerdo con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Arias Bouscayrol, la principal fortaleza del sistema electoral guatemalteco sigue siendo la participación directa de la población en la organización de los comicios. Señaló que el reto inmediato es convencer a alrededor de 140 mil personas para que asuman el trabajo en las juntas receptoras de votos en 2027, una estructura ciudadana que, a su juicio, da sustento a la confianza en los resultados. Recordó que el proceso anterior dejó un deterioro de la credibilidad por cuestionamientos a diferentes etapas de la elección en varios puntos del país, lo que obliga a corregir fallos y a reforzar controles institucionales. Para el dirigente empresarial, sin una base ciudadana fuerte y vigilante, ningún calendario electoral puede considerarse sólido.
Advertencia sobre el avance del crimen organizado en política
Al analizar el inicio del periodo preelectoral y el aumento de partidos y aspirantes, Arias Bouscayrol fue directo: el crimen organizado tiene interés en la política y Guatemala, según dijo, no puede permitirse que estructuras ilícitas sigan avanzando sobre las instituciones. Subrayó que el gran número de organizaciones políticas y de eventuales candidatos multiplica los puntos de entrada para redes criminales dispuestas a financiar o cooptar actores públicos. En ese escenario, el Cacif llama a la ciudadanía a involucrarse desde la selección de perfiles, para que quienes lleguen a las papeletas sean personas sin vínculos con actividades delictivas. El empresario remarcó que la respuesta no puede delegarse únicamente en las autoridades, y sostuvo que “somos nosotros los llamados a decir no, a decir basta”, en alusión a la necesidad de cerrar el paso a aspirantes asociados a estructuras ilegales.
Llamado a un Congreso y gobiernos locales libres de nexos ilícitos
En sus declaraciones, Arias Bouscayrol planteó que Guatemala necesita un Gobierno central, autoridades locales y un Congreso integrados por funcionarios sin nexos con el crimen organizado. Recalcó que el objetivo debe ser organizar elecciones limpias en 2027, en las que la ciudadanía elija a “buenos ciudadanos” para los principales cargos de responsabilidad del país. Este planteamiento supone un mandato ético tanto para partidos como para votantes: el sector privado organizado exige que las agrupaciones filtren sus listas con rigor, al tiempo que pide al electorado examinar trayectorias, financiamiento y antecedentes antes de otorgar el voto. Para el Cacif, permitir que actores criminales se instalen en el poder tendría efectos devastadores sobre la seguridad jurídica, la competencia económica y la institucionalidad democrática.
Respaldo crítico al Tribunal Supremo Electoral
Sobre la organización de los próximos comicios, el presidente del Cacif expresó su apoyo a los preparativos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y confió en que el calendario se cumpla una vez que se emita la convocatoria en enero de 2027. No obstante, insistió en que el acompañamiento no será pasivo: el sector privado pretende dar seguimiento a cada etapa del proceso, plantear inquietudes de la comunidad empresarial y exigir respuestas claras de las autoridades electorales. Arias Bouscayrol sostuvo que la coordinación permanente entre el TSE, el Cacif y otros sectores sociales será clave para reconstruir la confianza dañada tras el ciclo electoral previo. El compromiso, dijo, es seguir promoviendo la participación ciudadana y contribuir a que las elecciones de 2027 se desarrollen con transparencia, certeza y confianza, con un escrutinio público más fuerte frente a cualquier intento de infiltración del crimen organizado.
