La iniciativa legislativa presentada por Marta Esquivel introduce una propuesta sin precedentes en Costa Rica: la selección del fiscal general dejaría de recaer en la Corte Plena para pasar a manos de la Asamblea Legislativa, la cual debería avalar la designación con el voto de al menos dos terceras partes de sus diputados. Esta reforma, expuesta formalmente el 30 de junio de 2026 en San José, busca transformar radicalmente el proceso de elección y supervisión del principal jerarca del Ministerio Público, estableciendo exigentes criterios de transparencia y rendición de cuentas.