La jefa de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informa que el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido desde finales de febrero, cuando el gobierno y la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia reanudaron su diálogo.
A pesar de esto, señala que la crisis de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo grave. Indica que los homicidios de las fuerzas de seguridad continúan. Continúan los actos de tortura y maltrato de los manifestantes detenidos. El espacio cívico en Nicaragua se ha reducido significativamente.
"La libertad de expresión se ha restringido a través de acciones que van desde el cierre de fuentes de prensa y la incautación de sus equipos y bienes hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses. También se han realizado arrestos arbitrarios por el simple acto de enarbolar una bandera nicaragüense o cantando el himno nacional en el espacio público”, indicó Bachelet.
Bachelet dice que las personas no pueden ejercer su derecho a la reunión pacífica y la libertad de asociación. Agrega que los defensores de los derechos humanos, los líderes indígenas y afrodescendientes que critican al gobierno son acosados, estigmatizados y amenazados por la policía.
La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola dice que un clima de miedo invade el país. Según indica la represión estatal se extiende a la persecución de celebraciones religiosas y amenazas contra ciertos líderes de la iglesia católica.
"Los juicios contra miembros de la oposición sin garantías del debido proceso e imposición de un estado policial. Cualquier voz disidente u oposición al gobierno actual es hostigada, perseguida o atacada por agentes estatales ... La impunidad por actos graves continúa", indicó Urrejola.
El asesor del presidente de Nicaragua, el ministro Valdrack Ludwing Whitaker, refuta los hallazgos del Alto Comisionado y dice que carecen de veracidad y credibilidad.
"En todo el informe, hay una omisión deliberada de los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robos con intimidación, incendio provocado, extorsión, otros delitos de delincuencia organizada con la utilización de armas de todo tipo, incluidas las armas de fuego perpetradas por supuestos manifestantes pacíficos", señaló Whitaker.
Más de 83.000 manifestantes han sido forzados al exilio desde el comienzo de la crisis. Los activistas instan a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre Nicaragua y presionar al Gobierno para que gobierne de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
Voz de America
