La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado «graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas» en el país centroamericano.
«Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas», precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la Policía y los elementos parapoliciales.
La ONU observa que «se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo».
El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.
Además en el informe se indica que El estado de Nicaragua se quedó, literalmente, sin una oficina de derechos humanos confiable ante la población y ante la comunidad internacional, al ser sancionada la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con una degradación de categoría que la inhabilita internacionalmente como defensor del pueblo.
De acuerdo al informe de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que será presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet este 10 de septiembre en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la PDDH fue sancionada en marzo pasado por su falta de independencia respecto a la dictadura.
«La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período», dice el informe de Bachelet, que abarca de abril de 2018 a agosto de 2019.
«En el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (2018), la delegación del Estado estuvo representada por el Comisionado Adjunto de la PDDH, quien repitió la justificación del Gobierno sobre el fallido golpe de Estado e indicó que su institución no había encontrado prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad», dice el documento que, demoledoramente, condena la actuación del estado de Nicaragua.
La decisión fue ratificada por la mayoría de países miembros durante el 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolló entre el 24 de junio y el 12 de julio.
El caso estaba en estudio desde abril de 2018 en las oficinas en Ginebra de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), entidad compuesta por cerca de 120 entidades que promueven los derechos humanos en todo el mundo, entre las cuales se encontraba la PDDH de Nicaragua.
«En marzo de 2019, la categoría de la PDDH fue rebajada de “A” a “B” al no poder demostrar su independencia», concluye el informe internacional, que señala algunos ejemplos del comportamiento viciado de la institución estatal de derechos humanos para encubrir los graves abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril del 2018.
«Aunque los ex-detenidos entrevistados por la OACNUDH manifestaron haber sido visitados por funcionarios de la PDDH en los centros de detención, no les presentaron denuncia alguna porque percibían a esta institución como parcial y carente de independencia», dice el documento.
«En su calidad de mecanismo nacional de prevención de la tortura, la PDDH señaló que durante las 12 visitas que realizó en 2018 a las cárceles de La Modelo y La Esperanza no encontró pruebas de torturas ni malos tratos. La PDDH indicó que el derecho a la alimentación y el contacto con el mundo exterior fueron garantizados en todo momento, y que se facilitó con regularidad el acceso al agua potable mediante tuberías y grifos», reza el informe, que detalla minuciosamente los abusos humanos cometidos contra los presos políticos.
Al final, la oficina de Bachelet recomienda algunas acciones para que la PDDH supere la sanción internacional y recupere la credibilidad en ruinas.
«La Alta Comisionada hace un llamado a la institución nacional de derechos humanos para que:»Cumpla plenamente su mandato, incluido el de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, de conformidad con los Principios de París y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de promover y proteger de forma efectiva e independiente los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua», se lee en el informe.
Oacnudh le recomienda además a la PDDH que «Solicite la cooperación de la OACNUDH, la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, para enfrentar las cuestiones que provocaron su descenso de categoría y reforzar su mandato, incluido el de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura».
Casi 120 Procuradurías de Derechos Humanos del mundo están suscritas a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, que designa tres categorías: A, B y C.
“A”: Cumple con todos los Principios de París por lo que puede actuar con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“B”: No guarda plena conformidad con todos los Principios de París por lo que pasa a ser miembro sin derecho a voz y voto.
“C”: No cumple con los Principios de París y no tiene estatus alguno ante los países miembros de Naciones Unidas.
Fuente: La Prensa/Radio Coorporación
