De acuerdo a la NOM-046, las niñas mayores de 12 años pueden solicitar directamente el aborto en las instituciones de salud sin necesidad de ninguna denuncia, sino solamente con una solicitud asegurando “bajo protesta” (NdR.: bajo juramento) que el embarazo es producto de una violación. Sin embargo la solicitud debe ser presentada por uno de sus padres o su tutor. La NOM-046 fue emitida originalmente por la Secretaría de Salud de México en abril de 2009 y modificada en marzo de 2016.
En un documento publicado el 12 de agosto de este año, titulado “A favor de las niñas y mujeres víctimas de violación y del concebido no nacido”, los obispos mexicanos señalaron que entre las modificaciones más críticas aplicadas a la NOM-046 figura que “sustituye el concepto de aborto, por el de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y legaliza la práctica del aborto sin establecer ningún límite en el tiempo de la gestación”.
Además, indicaron, “nulifica el ejercicio de la patria potestad como derecho y obligación de los padres de la víctima en esta materia, pues las niñas entre 12 y 17 años que han sido violadas pueden solicitar el aborto sin necesidad del consentimiento de sus padres o de sus representantes legales”.
La norma federal, añadieron, “deshumaniza y renuncia a la atención integral de la víctima, pues el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, al amparo de una aplicación equívoca del principio de buena fe previsto en la Ley General de Víctimas”.
Los obispos criticaron que la actual redacción de la NOM-046 abre “un camino de graves consecuencias, pues promueve la impunidad en favor del agresor y permite que la víctima se reincorpore al ámbito en el que sufrió la violación, con el altísimo riesgo de ser re-victimizada”.
“Más grave aún, la NOM-046 puede constituir un mecanismo facilitador para que los agresores sexuales coaccionen a las víctimas para que soliciten la práctica del aborto y –con ello– evadan las consecuencias previstas en la legislación penal vigente”, señalaron.
Indicaron que la normativa federal “no fortalece la protección de las mujeres, atenta de modo flagrante contra cientos de miles de vidas inocentes y pavimenta el camino para la inserción de la cultura de la muerte como dinámica social”.
Más adelante, la CEM subrayó que “si bien la mujer embarazada como resultado de una violación no ha sido responsable por haberlo concebido, esto no priva al nasciturus, al bebé por nacer, de su derecho a la vida. Asimismo, el no nacido no es un agresor, es una segunda víctima inocente que no debe sufrir la muerte por un crimen que no cometió”.
“Reconocemos los derechos fundamentales de las mujeres y reconocemos los mismos derechos en el no nacido”, subrayaron, al tiempo que remarcaron que “no existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir”.
“Solo donde se respeta, se defiende, se ama y se sirve a la vida humana, a toda vida humana, se encontrará justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad”, señalaron.
Los obispos mexicanos manifestaron su deseo de “sumarnos a la defensa y cuidado de las mujeres que han vivido la dolorosa experiencia de una agresión sexual. Ponemos nuestras instituciones de apoyo a la mujer y a la familia a su disposición para que sepan que tenemos ayuda para ellas”.
Al mismo tiempo, expresaron, “pedimos a Dios para que las autoridades del Estado Mexicano opten por la protección integral de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, impidan su re-victimización con medidas como las previstas en la NOM-046 y respeten el derecho a la vida del no nacido; rogamos para que construyan una sólida cultura de la vida y no se dejen arrastrar por las propuestas inhumanas de la cultura de la muerte”.
“Encomendándonos a la Virgen de Guadalupe, que nos trajo en su seno la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a traer vida y vida en abundancia, nos ayude a ser también nosotros custodios de la vida”, concluyeron.
Fuente:ACIPRENSA
