El reporte, que incluye datos hasta el 17 de junio, ya ha sido entregado al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como lo ordena una Acta aprobada en diciembre del año pasado y que otorgaba al Departamento de Estado de Estados Unidos 180 días para rendir un informe.
El informe explica que de conformidad con la definición legal de la sección 7031 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, relacionada con la corrupción significativa e información creíble disponible sobre violaciones de derechos humanos y lavado de dinero que involucran a individuos específicos, los siguientes altos funcionarios nicaragüenses han estado involucrados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa o lavado de dinero, o son personas que transfieren para facilitar la transferencia de bienes o tecnologías para su uso en o con respecto a Nicaragua que han sido utilizados por el gobierno de Nicaragua para cometer graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.
Y conforme a ello, ratifica las sanciones mediante la Nica Act a funcionarios que anteriormente habían sido sancionados mediante la orden ejecutiva 13881 de Donald Trump.
El documento amplía que la Nica Act igual requiere informe sobre;personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para su uso en, o, con respecto a Nicaragua que son utilizados por el gobierno nicaragüense para cometer graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.
Todas las personas o entidades enumeradas a continuación han sido designadas bajo la Orden Ejecutiva 13818 (Bloqueo de la propiedad de las personas involucradas en graves abusos o corrupción de los derechos humanos) o Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua.
Rosario Murillo:ha estado involucrada en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluida la violencia cometida por la Policía Nacional de Nicaragua contra manifestantes pacíficos.
Bancorp:;un banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de ALBANISA, fue designado por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica, o bienes o servicios en apoyo de Murillo.
Néstor Moncada Lau: El Asesor de Seguridad Nacional ha asumido un papel destacado como asistente del presidente Ortega y enlace de la vicepresidenta Murillo y operador de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla múltiples entidades gubernamentales nicaragüenses. Moncada supuestamente lava dinero en nombre de Ortega y Murillo y a través de sus diversos roles de inteligencia, se ha involucrado en una variedad de actividades ilícitas para reprimir cualquier oposición al gobierno de Ortega.
Laureano Ortega Murillo:Según los informes, el asesor de promoción de inversiones de la agencia gubernamental ProNicaragua participó en negocios fraudulentos con inversores extranjeros en Nicaragua. Además, Laureano coordinó la tarea ejecutiva para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo involucrado en su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, figuras del régimen de Ortega, incluido Laureano, utilizaron la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero.
Francisco Díaz Madriz:el comisionado de la Policía Nacional ha estado involucrado en violaciones de los derechos humanos que involucran a la Policía, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia contra manifestantes pacíficos.
Al finalizar el informe, el Departamento de Estado señala que monitorea cuidadosamente los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua, y de acuerdo con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, el Departamento continuará revisando y complementando la información contenida en este informe según corresponda.
El proyecto de ley, cuyo nombre es Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), fue presentado por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y por el congresista demócrata Albio Sires, y pretende que Estados Unidos no apruebe los préstamos que el gobierno de Nicaragua busque ante entidades financieras multilaterales. Asimismo la normativa busca, combatir la corrupción, protejer los derechos humanos e instauren programas efectivos de seguridad fronteriza.
El 11 de julio de 2016, diez congresistas e introdujeron por primera vez esta iniciativa ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y fue aprobada en diciembre del año pasado.
Fuente: La Prensa
