“Perú adelanta las elecciones al próximo año como una salida a su crisis política. ¿Podría Ortega hacer lo mismo en Nicaragua? Debería. Que el pueblo decida, esa es la solución”, expresó el eurodiputado en su cuenta de Twitter.
Jáuregui además agregó que antes de adelantar las elecciones, Ortega debería lograr un acuerdo para reformar la Ley Electoral y, por supuesto, cesar de la represión.
Sin embargo, el pasado 19 de julio Ortega en su habitual discurso en conmemoración del 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista dejó en claro que las elecciones se realizarían hasta el 2021. “¿Qué quieren? ¿Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos?”, dijo el 19 de julio. Asimismo advirtió: “Nosotros ya estamos preparados para ganar esos comicios”.
Ortega ofreció una reforma electoral, pero se negó a retomar el diálogo con la Alianza Cívica, por lo que no está claro aún si esa reforma será unilateral o acordada con la oposición.
“Se harán las reformas a la ley electoral para que nadie venga a quejarse después que le robamos las elecciones”, dijo. En un tono despectivo dijo que no está dispuesto al adelanto y preguntó: “¿Qué quieren? ¿Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos?”.
El anuncio de reformas electorales hecho por Ortega, según la Alianza Cívica, “está encaminado a realizar cambios cosméticos al sistema que no le brindarán ninguna legitimidad al proceso”.
“Si las reformas se realizan fuera del contexto de la mesa de la negociación, carecerán de cualquier tipo de credibilidad a nivel nacional e internacional, como carecerán de credibilidad los resultados electorales que de estas reformas resulten”, aseguró la oposición en respuesta a las declaraciones de Ortega.
Por otro lado, en el contexto peruano El presidente peruano, Martín Vizcarra planteó este lunes un referéndum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020 y recortar el mandato del Congreso y el suyo como una salida a la “crisis institucional” que vive ese país. Según una encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos, un 70% de la población está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su gestión.
