A parte de encontrar refugio se les imposibilita el acceso a permisos de trabajo, a los servicios de salud pública, educación, vivienda, estatus legal y seguridad. El informe también precisó que los nicaragüenses tienen “vulnerabilidad laboral” y se han sumergido en el “empleo informal”.
Denis Darce, de la CPDH, dijo que el objetivo de la investigación es “conocer las dificultades, las vivencias y cómo los derechos humanos de los nicaragüenses han sido violentados, además de conocer el marco normativo de Costa Rica, Honduras y Panamá para acoger o rechazar las solicitudes de refugio que hacen los nicaragüenses”.
“Las personas están en situación de vulnerabilidad laboral, especialmente, a la explotación sexual laboral. En los tres países en general hay una situación de empleo informal”, aseguró Martha Jackson, una de las investigadoras.
En el caso de Honduras el proceso de refugio se tramita con mayor agilidad, sin embargo, de acuerdo a sus organismos los nicaragüenses se encuentran en situación de inseguridad, debido a la presencia de armas y pandillas. señaló la RIDH,
A diferencia de Honduras, Panamá está entre los países donde más largos y tediosos son los procesos de regulación migratoria, porque pueden durar hasta 3 años. En el país canalero existen dos fases para solicitar refugio. La primera es ser admitido, posteriormente, el caso es estudiado por la Comisión Nacional para los Refugiados, que decide si el migrante puede tener la condición de refugiado o no.
Al excesivo tiempo de aprobación se le debe sumar el discurso político del gobierno, el cual es “xenofóbico y va orientado a endurecer las políticas migratorias”, generando zozobra entre los exiliados nicaragüenses que buscan ser acogidos por ese país.
Por su parte en el país del sur, En Costa Rica, según los investigadores de la RIDH, no hay respuestas positivas a la mayoría de solicitudes de refugio; y aunque conocen que el Gobierno costarricense no va a deportar a nadie, queda la incertidumbre de qué va a pasar con quienes no reciben el refugio.
El informe preliminar, apoyado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, revela que en Costa Rica se ha concentrado el 90% de los nicaragüenses desplazados. Las cifras oficiales reflejan que las autoridades costarricenses han recibido entre 2018-2019 a 68,638 solicitantes de refugio, pero el 44% están pendientes de atención y solo el 56% ha recibido el carné de solicitante, solo el 37% ha recibido el carné de permiso laboral, es decir, unas 14,000 personas.
