Viernes, Julio 19, 2019
Canadá ha reducido la ayuda directa al gobierno en casi 20 millones de dólares, y el Parlamento Europeo aprobó en marzo una condena enérgica a Nicaragua por violaciones de los derechos humanos.

La organización Human Rights Watch pidió esta semana a los gobiernos de América y Europa que sancionen a Daniel Ortega y al menos cinco altos funcionarios de seguridad por la represión de las protestas en la nación centroamericana ocurridas desde abril de 2018.

La organización defensora de los derechos humanos agregó que las sanciones deberían incluir prohibiciones de viajes y congelamiento de bienes porque muchos de los participantes en las protestas padecieron abusos que en algunos casos alcanzaron el nivel de tortura.

“Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia”, afirmó José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch.

Las protestas contra las reformas del sistema previsional comenzaron el año pasado y se ampliaron para exigir que Ortega abandone el cargo y convoque a elecciones anticipadas. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y milicias armadas partidarias del gobierno dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho que no se ha investigado a las fuerzas de seguridad y que sólo se ha condenado a un miembro de un grupo armado partidario del gobierno.

La embajada nicaragüense en Washington no respondió de momento a un pedido de declaraciones para conocer su postura. El miércoles, HRW dio a conocer un informe de 98 páginas basado en documentos oficiales, fotos, informes médicos y entrevistas con 75 personas, entre ellas víctimas y familiares.

Pide sanciones para Ortega, tres jefes de la Policía Nacional, el jefe de la cárcel El Chipote donde se alojó a las víctimas y el jefe del departamento de operaciones especiales. El gobierno estadounidense ha impuesto sanciones al menos a seis funcionarios nicaragüenses, entre ellos Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega; el hijo de ambos, Laureano Ortega; y el actual jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz. 

Otros países han tomado medidas menos drásticas.

Canadá ha reducido la ayuda directa al gobierno en casi 20 millones de dólares, y el Parlamento Europeo aprobó en marzo una condena enérgica a Nicaragua por violaciones de los derechos humanos, en la que reclama que los responsables sean sancionados.

VOZ DE AMÉRICA