El texto de la reforma a Ley de Concertación Tributaria, aprobado el pasado 27 de febrero, establece que la misma será revisada en tres meses y que está abierta a nuevas disposiciones.
Un economista del Funides, que por política de la institución no permiten publicar su nombre, comentó que en la práctica lo que los gobiernos hacen, tras una reforma fiscal, es “básicamente revisar” cuáles fueron las bases tributarias que se erosionaron más rápido.
“Una reforma tiene cierta duración, de entre tres y cinco años. Este tiempo es el periodo en que los rendimientos de la reforma se traducen en ingresos tributarios para el Gobierno, eventualmente las empresas cambian su modelo de negocio y hay estrategias para disminuir el pago de impuestos”, explicó.
Añadió que con las revisiones lo que los Gobiernos buscan es detectar las áreas en que se ha erosionado más rápidamente la recaudación. En el caso de Nicaragua, el Gobierno hará esta revisión a finales de mayo. “Van a hacer una revisión, si la cosa no rindió ellos dicen que van a aplicar nuevas disposiciones”.
“Nuestra sospecha es que ellos están conscientes de que la reforma podría erosionarse y por eso quieren hacer una revisión de la misma, para hacer ahí nomás una medida recaudatoria”, dijo el economista, quien señaló que las nuevas medidas serían otra reforma fiscal.
La reforma fiscal, con la que el régimen busca urgentemente recaudar unos 10 000 millones de córdobas para cubrir el déficit presupuestario, provocará que hasta el 70% de los productos de la canasta básica aumenten sus precios hasta en un 50% más de su valor.
Otro economista del Funides dijo que la reforma fiscal será “muy contraproducente” para la economía nacional. “Es lo que no se tiene que hacer. No podés en una año de contracción tratar de sacar más dinero de los contribuyentes, simplemente lo que se está logrando con eso es un hundir más el país en contracción”.
Afirmó que la reforma es totalmente recaudatoria, lo que llevará al cierre de empresas y más despidos. “Vamos a tener un efecto negativo y eso, al final, creará que la recaudación total de esto no sea lo que ellos estiman”.
Destacó que la reforma a la Seguridad Social tampoco traerá los efectos a largo plazo que el Gobierno espera, ya que el INSS ha perdió en 2018 un 17.3 % de sus cotizantes, y para este 2019 se espera una cifra superior.
“Esa cantidad de personas que ahora no van a contribuir, será un golpe devastador, en términos del éxito que podía traer esta reforma al INSS”, agregó.
Los economistas consideran que las reformas que se aprobaron en 2019 “no van a durar ni siquiera un año para el INSS”.
Subrayaron que las reformas del año pasado —que desataron las masivas protestas cívicas de abril— le compraban al INSS unos 20 años más. “Habían caminos para llegar a esos 20 años, que no tenían que ser tan duros y drásticos tanto sobre los cotizantes como los pensionados”, dijeron.
Los expertos del Funides calculan que con la reforma del INSS, la tasa de cotización aumentó un 18 %, por lo que prevén que la caída del empleo formal, solo por el efecto de ese incremento, sea del 9 %.
“Si aumenta en 10 % la tasa de cotización, el empleo formal se reduce en la mitad de eso, es decir en 5 %”, sentenció el economista.
“Muchas empresas tendrán que cortar personal, eso va a continuar la espiral hacia la baja del empleo formal. Puede que se dé arreglos de diferentes contratos salariales para evitar que esos salarios sean tasados”, señaló.
El Funides espera que este año el PIB nacional caiga entre un 7.3 % y un 10.9 %. “Esa contracción implica que la actividad económica está comprimida y que las empresas no están vendiendo tanto, por lo que van a seguir despidiendo gente”, señaló uno de los economistas.
“Eso implica una reducción adicional de 10.2 % en el empleo. Nosotros esperamos este año una caída muy similar a la del año pasado. En 2018, el empleo formal cayó un 17 %, este año probablemente va a caer un 19 %”, aseguró.
