La CIJ se declaró, este jueves, competente para juzgar el caso interpuesto por Managua por una supuesta violación de sus zonas marítimas. Poco después, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su país "no seguirá compareciendo" ante la Corte para tratar el litigio marítimo porque considera que ese tribunal incurrió en "contradicciones" en los fallos emitidos hoy en La Haya.
"Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directasentre las partes, de conformidad con el derecho internacional", dijo Santos en un mensaje al país. Los límites marítimos fueron delimitados por el propio tribunal en una sentencia del 19 de noviembre de 2012 que Colombia calificó de inaplicable. El alto tribunal de la ONU con sede en La Haya tomó la decisión por 14 votos contra dos y decidió rechazar las cinco excepciones preliminares que Colombia planteó para que la Corte se declarase no competente.
El presidente de la CIJ, Ronny Abraham, leyó la sentencia y dijo que 3 de las excepciones preliminares fueron rechazadas por 15 votos contra uno y las otras dos de forma unánime. La decisión se refiere a la demanda del 26 de noviembre de 2013, en la que Nicaragua pidió a la CIJ declarar que Colombia incumple su obligación de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012. Los fallos del tribunal de La Haya son inapelables.
Antecedentes
En noviembre de 2012, la CIJ falló remodelando la frontera marítima entre ambos países.
La decisión fue cuestionada por Colombia: "El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable, hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución", señaló el presidente colombiano Juan Manuel Santos en noviembre de 2013.
El dictamen de La Haya le otorgó a Nicaragua los derechos económicos sobre una zona de mar Caribe de más de 75.000 kilómetros cuadrados y le concedió a Colombia la soberanía sobre siete cayos, dos de ellos que hacen parte del archipiélago colombiano de San Andrés. Colombia alegó en sus objeciones ante esta nueva demanda que la CIJ no era competente porque denunció el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012.
El artículo 56 dice que el Pacto de Bogotá puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos, pero Colombia sostiene que la renuncia tuvo "efecto inmediato" ante la iniciación de nuevos procedimientos en su contra. A partir de ahora, ambos países deberán presentar memorias documentadas y alegatos sobre el caso para que los jueces tomen una decisión al respecto. Este proceso puede prolongarse entre dos y cuatro años.
