Los hechos acusados ocurrieron al final del periodo en el que Víquez era cura párroco de la iglesia San Juan Bautista en Patarrá de Desamparados, en el 2003. El afectado fue un menor de 11 años, de apellidos Alvarado Quirós, quien actualmente tiene 30 años, es casado y padre de familia.
“El Tribunal ha tomado en consideración que se trata de agresiones sexuales donde el abusador procura la clandestinidad. Lo hechos ocurrieron en momentos en que no había nadie en la parroquia, ni en la casa cural”, dijo la jueza Ana Patricia Mora Arias, al leer el resumen del fallo unánime contra Víquez.
Por esa clandestinidad que el excura aprovechó para los ultrajes, solo se tiene el relato del ofendido, al que el Tribunal le dio toda credibilidad.
La jueza afirmó de que no hay circunstancias para pensar que la víctima llegara a mentir y más bien se estableció que esa denuncia le ha acarreado vergüenzas, problemas con su familia, revictimización y acudir a pericias psicológicas, forenses y sociales, como parte de las exigencias para sacar adelante este proceso judicial.
Explicó que durante el debate el ofendido, Josué Alvarado Quirós, hizo un croquis de la casa cural y dijo dónde estaba el cuarto en que ocurrieron los hechos, lo que reafirma sus manifestaciones.
Alvarado Quirós desistió desde el inicio del contradictorio de acudir a una acción civil resarcitoria o cobro económico por daños, pues afirma que su verdadero interés era lograr justicia con la condena al religioso, quien actualmente tiene 57 años, tal y como ocurrió este miércoles.
De esta forma el Tribunal acogió parcialmente la petición que hizo la fiscala Ana Victoria Rojas, quien en sus conclusiones de este martes solicitó 28 años de prisión contra el sacerdote, es decir 10 años por un delito de abuso sexual y 18 por un delitos de violación.
Víquez se quitó el suéter que vestía mientras escuchaba tranquilo la sentencia en su contra. Lloró y limpió sus lentes. En tanto la condena adquiere firmeza, se le prorrogó por seis meses la prisión preventiva.
La acusación de Alvarado fue la única que prosperó, ya que en octubre del año pasado el Tribunal Penal de Desamparados, declaró prescritas las denuncias de otros tres varones por delitos sexuales que le atribuían a Víquez y que elevarían a 61 las faltas en su contra. Dicha prescripción fue apelada y se está a la espera de lo que finalmente resuelvan los jueces a cargo.
Tres exmonaguillos de Patarrá, cuyas denuncias fueron declaradas prescritas, acompañaron a Alvarado durante la lectura de la sentencia, externaron lágrimas y se abrazaron al finalizar el debate.
En torno a esta sentencia, Jason Granados, vocero de la iglesia católica expresó que en instancias eclesiásticas hubo sentencia desde febrero del 2019, cuando el Vaticano expulsó a Víquez del sacerdocio.
“Desde de hace meses hemos manifestado la necesidad de que el señor Víquez compareciera ante los tribunales de la República. Hoy que se verifica la sentencia, reiteramos nuestro respeto por los jueces y sus veredictos”, sostuvo.
Antecedente en Alajuela
Esta no es la primera vez que se condena a un sacerdote o exsacerdote en Costa Rica. El 28 de abril del 2005, un juez sentenció al cura Enrique Delgado a 21 años de prisión por encontrarlo culpable por seis casos de abuso sexual cometidos en perjuicio de tres menores de edad y lo absolvió en otros seis casos.
En aquel momento, el padre Delgado afirmó ser víctima de persecución en su contra por parte de los medios de comunicación de Costa Rica, pues afirmó que los medios trataron de crear, por medio de las acusaciones en su contra, una atmósfera negativa para la iglesia católica costarricense.
Sin embargo, el juez resolvió que los testimonios de las tres víctimas le merecieron al tribunal todo el crédito, no solo por lo que los afectados afirmaron, con amplios detalles, sino por el cúmulo de circunstancias ocurridas alrededor de este caso.
