El caso ha causado polémica e indignación en Bolivia, ha generado protestas y ha llegado a la CIDH, que se ha pronunciado recomendando a Bolivia cumplir con su obligación de proteger a la niñez de la violencia sexual y el embarazo forzado. Por su parte, el sistema de Naciones Unidas en Bolivia advirtió hace unos días que que someter a una niña a un embarazo forzado "está calificado como tortura".
El país está dividido en el caso de esta menor, que ya tiene 23 semanas de gestación, entre los que defienden el derecho de la niña de interrumpir el embarazo y los que rechazan el aborto. Inicialmente la niña quería abortar, lo que está permitido en el país para víctimas de violaciones, pero, luego de ser contactada por una organización religiosa, desistió del procedimiento.
La pequeña se encuentra actualmente en una casa de acogida de la Iglesia católica en Santa Cruz, que se ha comprometido a darle el apoyo para que tenga al bebé. Sin embargo, esta semana la madre ha denunciado que no le dejan ver a su hija.
Este jueves (4.11.2021), el Ministerio de Salud anunció que ha conformado un equipo para realizar una valoración médica a la menor. El equipo está conformado por 10 especialistas, psicólogos, ginecólogos, psiquiatras, entre otros, que realizarán la valoración "estrictamente técnica" de la salud de la niña. "Se informará a través de la autoridad competente para que, tanto la madre como la niña tomen una decisión de manera informada y en total libertad", señala el comunicado del Ministerio de Salud.
Fuente: DW
