Según las autoridades españolas las imputadas captaban en Nicaragua a mujeres que estaban en situación vulnerable, y aprovechándose de esa condición les ofrecían empleos en España para cuidar ancianos.
Sin embargo, antes de ser llevadas a España las mujeres ya iban con una deuda de más de 6 mil euros por los trámites de traslado y alojamiento, así como préstamos con grandes intereses, lo que servía para obligarlas a trabajar en condiciones desfavorables.
La policía de la capital altoaragonesa allanó varios lugares donde fueron encontrados documentos mediante los cuales las autoridades confirmaron la explotación laboral, ya que reflejaban los pagos, deudas y cuentas, así como ingresos, contratos laborales y billetes de avión de las nicas afectadas.
A pesar de la detención de la nicaragüense y la española un juzgado de Instrucción de Huesca, España, les decretó libertad provisional mientras continua el proceso judicial por los presuntos delitos de trata de seres humanos, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
