«El Ministerio Público ha reubicado a menores de edad y dictado medidas de protección a favor de 46 niños dentro de las investigaciones que las fiscalías desarrollan»; explicó la Fiscal Superior de Familia, Katya Meléndez.
Aunque el escándalo de los albergues estalló en febrero pasado tras la difusión de un informe parlamentario; la fiscal Meléndez sostuvo que se han abierto desde «2017 a la fecha, unas 26 investigaciones relacionadas a la comisión de delitos».
«Las irregularidades de carácter penal en albergues«, afirmó la funcionaria, «ya eran materia de investigación» en la Fiscalía antes de la presentación de un informe parlamentario.
La investigación detalla supuestos abusos sexuales y malos tratos a los menores al menos desde 2015.
Lo revelado al público por el informe generó una ola de indignación en Panamá, con constantes protestas callejeras para exigir justicia y castigo a los responsables. También críticas contra la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la encargada de supervisar los albergues en el país.
Albergues inspeccionados
Meléndez detalló que la Fiscalía inspeccionó «todos» los albergues, un total de 57, y que hasta ahora en cuatro de ellos hallaron «situaciones de connotación penal y que están siendo investigadas en este momento».
Según los datos de la Fiscalía, hay seis personas imputadas por estos casos, una de ellas, un hombre de 54 años que fue condenado a 14 años de prisión por abusar en el 2018 de una niña de 12 años en un albergue situado en la provincia caribeña de Colón, así informó ABC
Los albergues en Panamá, tienen una población de 1.200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Son administrados por ONG y fundaciones que reciben subsidios públicos
