La CIDH condena la impunidad de estos crímenes cometidos por agentes del Estado o por civiles amparados por las fuerzas de seguridad en contra de manifestantes, líderes estudiantiles, activistas, campesinos y cualquier opositor al gobierno.
A ello se suma las detenciones arbitrarias y con cargos criminales, por el hecho de ser opositores a unas 1.614 personas, como parte de las represalias del gobierno para callar las denuncias y las voces de sus detractores desde que se agudizó la crisis a principios de 2018.
También la Comisión Interamericana señala el quebrantamiento del Estado de Derecho en el país centroamericano que, tiene previsto un nuevo proceso electoral para este año, del que ya abundan las denuncias por realizarse en un ambiente polarizado y con los dados cargados a favor del oficialismo.
Almenos 100, 000 personas han emigrado
La CIDH incluyó en su Informe de Derechos Humanos 2020, publicado el 16 de abril, capítulos por separado a Nicaragua, Venezuela y Cuba dada la gravedad de la situación de derechos humanos en esos países.
Para reducir la escalada de violencia política y violación de libertades fundamentales la Comisión Interamericana “urge al Estado a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática, en especial mediante procesos que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familiares”, dice el comunicado.
Los observadores de derechos humanos en el país también dan cuenta de prácticas sistemáticas de malos tratos a detenidos, casos que podrían alcanzar el umbral de la tortura, denuncia la Comisión.
También, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) da cuanta que al menos 100.000 personas han migrado desde Nicaragua hacia otros países en protección de su vida, integridad y libertad personal como parte de la crisis.
La Comisión Interamericana resaltó en el Informe 2020 que luego de concluir su trabajo y redacción del estudio de país, lo comunicó a los gobiernos a través de los mecanismos oficiales para tener respuesta; Nicaragua y Venezuela que son parte del organigrama institucional de la Organización de Estados Americanos, OEA, y miembros firmantes de la CIDH, pero no respondieron con observaciones a los señalamientos del informe.