De acuerdo con el escrito de Rueda la propuesta fue presentada este 25 de marzo por tres de los diputados del bloque independiente Nueva República. Se trata de los congresistas Carmen Chan Mora, Jonathan Prendas Rodríguez e Ignacio Alpízar Castro.
“El proyecto que presentamos hoy diputados de Nueva República busca endurecer las penas con las que se castiga el delito del aborto en nuestro país. El que cause la muerte de un feto podría ser castigado con 35 años de prisión. El objetivo del proyecto es dar protección tanto a los niños por nacer como a las madres, quienes pueden arriesgar su vida y su salud al practicarse un aborto”, explicó Chan -coordinadora del bloque- en un audio suministrado a Amelia Rueda
Para el aborto impune -también conocido como terapéutico- el proyecto plantea suprimir la frase “o la salud” del único párrafo del numeral 121: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha dicho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
La iniciativa señala la posibilidad de incorporar un párrafo al artículo 122, sobre aborto “culposo”. El mismo establece: “Cuando el autor del aborto culposo sea un profesional en ciencias de la salud y en dicha condición causa el aborto, se le impondrá inhabilitación de uno a cinco años para el ejercicio de la profesión o la actividad en la que se produjo el hecho”.
El monto máximo planteado -35 años- es equivalente a la pena más elevada que se puede sentenciar en un asesinato calificado. En esa tipificación encajan, por ejemplo, los homicidios miembros de los Supremos Poderes, de familiares de un mismo núcleo, menores de edad, personas internacionalmente protegidas, entre otros.
