El Contralor General de Venezuela además de Guaidó también inhabilitó a otros 28 diputados, entre los que sobresalen: Julio Borges, máximo representante internacional del líder opositor, y a otros diputados que se encuentran en el exilio, como Tomás Guanipa, Ismael García, Armando Armas, José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.
También, el legislador Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, que acompañaron a Guaidó en la última directiva parlamentaria, y Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela -y al que Estados Unidos sancionó en 2017- reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.
“Se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente”, dijo Amoroso y prometió revelar precisiones sobre ello en días próximos.
Américo De Grazia uno de los afectados, fue consultado por la Voz de América, quien reside en Italia, tras exiliarse considera que la sanción es “una raya más para un tigre”, “Que me inhabiliten por 15 años más es una raya más para un tigre”, afirmó a la Voz de América.
Esta acción se da en el mismo contexto en que la Unión Europea aprobara nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que tuvieron roles protagónicos en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que los países del bloque no reconocen por no haber cumplido con las mínimas garantías de una votación limpia, justa y transparente.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia registró hasta 2017 al menos 1.400 inhabilitaciones políticas en Venezuela, entre 2002 y 2017. Entre los dirigentes que han sido afectados por esas medidas están Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, ex candidatos de 2020.
Guaidó valoró el anuncio del contralor general de Venezuela como “acciones de la dictadura que cierran la puerta a unas elecciones libres” y reiteró su compromiso en procurar activamente el regreso de la democracia al país.
