Se destapan casos de abusos sexual en albergues de panamá e incluso niñas que denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y posteriormente las hacían abortar así lo denuncia el medio de comunicación digital el Aguajero de Panamá.
La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, investiga un caso de abuso sistemático durante años de decenas de menores en albergues dependientes del Estado.
Rodríguez, del gubernamental Partido Revolucionario Democrático (PRD), también aseguró que los abusos, físicos y mentales, los cometían los internos o personal a cargo de quién estaban los niños y niñas en al menos 14 albergues investigados.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se vio obligado a transmitir un mensaje a la nación por televisión en el que se comprometió a encontrar y castigar a los culpables de estos abusos, sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección.
Varios menores de edad fueron abusados sexualmente por internos desde 2015 en al menos 14 albergues en Panamá, y niñas denunciaron haber quedado embarazadas de religiosos que regentaban los hogares, dijo Rodríguez.
Los abusos los cometían los mismos internos, e incluso existe un caso de un menor de edad que fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los 10 a los 15, afirmó la diputada, frecuentemente en poca armonía con el sector gubernamental de su partido.
También hay niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos, aseguró Rodríguez.
Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran organismos privados como varias ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que les otorga además fondos públicos.
El caso ha generado gran indignación en Panamá, donde este lunes continuaron las protestas en rechazo a los abusos contra los menores y también a la reacción del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, tildada de tardía e insustancial por activistas de derechos humanos y también políticos de oposición.
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Más de 200 manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio del Trabajo, obstruyendo parcialmente una importante arteria vial y exigiendo justicia para los niños víctimas y cárcel para los responsables de los abusos.
