"Ante los recientes hechos, la PNC ya realizó una captura y se está realizando una exhaustiva investigación para aclarar el terrible asesinato de Sharon Figueroa. No permitiremos que se siga vulnerando a la niñez ni a las mujeres. Caerá todo el peso de la ley sobre los responsables", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Facebook.
Sharon desapareció cuando jugaba con su bicicleta en el patio de su casa en el barrio La Ceibita, Melchor de Mencos.
Vecinos, familia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se organizaron para buscarla y localizaron la bicicleta en la que jugaba y algunas latas de cerveza que podrían ser de las personas que raptaron a la menor.
Clementina Martínez, abuela de Sharon, narró la desaparición. “Estaba jugando en el patio con su bicicleta y cuando la llamé para el almuerzo ya no respondió, no sabemos dónde está o quién se la llevó”, manifestó la señora.
Añadió: “Me fui a traer unos trapos al cuarto, pero cuando regresé ya no la encontré, es muy doloroso la pérdida de mi niña, quiero que se haga justicia”.
Ante este y otros casos atroces en perjuicio de la niñez Giammatei exhortó a los legisladores de la República que se aplique la cadena perpetua.
"Solicito al Congreso de la República que reevalúe la aplicación de la pena de muerte y que pueda aplicarse en casos tan atroces como los cometidos recientemente contra la niñez y las mujeres"
"Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en el crimen de esa niña, debería ser condenado con la pena de muerte", ha aseverado el dirigente guatemalteco.
"Que no tiemble la mano para enfrentar a los criminales" y ha insistido en que "todos los crímenes contra la niñez deberían de ser pagados con la vida del criminal", al tiempo que ha agregado que si "llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar", continuó.
La pena de muerte se recoge en la Constitución y el Código Penal del país, pero no se ha aplicado desde los años 2000 por un vacío legal. El expresidente Alfonso Portillo (200-2004) derogó en su último año de mandato la ley que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró en 2017 inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en casos de parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición y magnicidio, en una resolución en la que defendió que este tipo de condena incumple los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos.
