La ley, aprobada el 29 de julio pasado, entró en vigor en octubre en Turquía orientada a reforzar el control de las autoridades sobre las redes sociales. Este polémico texto obliga a las redes sociales con más de un millón de conexiones al día, como Twitter o Facebook, a que declaren a un representante en Turquía y respeten a los tribunales cuando les exijan la retirada de una publicación en un plazo de 48 horas.
Si no cumplen con estas exigencias, las plataformas pueden ser castigadas con multas de hasta 30 millones de libras turcas (más de 3 millones de dólares), con una prohibición de obtener ingresos publicitarios y una importante disminución de su banda ancha. Además, deben asumir responsabilidad por los daños si no eliminan un contenido en un máximo de 24 horas tras una orden judicial.
También deben garantizar que los datos de los usuarios turcos se almacenen en un servidor ubicado en Turquía, un aspecto que ha provocado polémicas por el temor a que esto podría facilitar el acceso de la policía turca a datos confidenciales.
Twitter y Facebook se encuentran desde hace años en la mira del gobierno turco del AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ya acusó a la red del pajarito de representar una "amenaza".
Turquía bloqueó el año pasado el acceso a 408.000 páginas web y forzó la supresión de 40.000 tuits, 10.000 videos de YouTube y 6.200 publicaciones en Facebook, según un informe de la Asociación de libertad de expresión.
