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OEA

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras reunirse con miembros de la sociedad civil nicaragüense, expresó su condena “por las persistentes violaciones de derechos humanos” que ocurren en el país en un comunicado divulgado el jueves.

También informó que del contacto con los activistas “se infiere que persisten las violaciones a los Derechos Humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos”.

La OEA destaca además que el gobierno de Daniel Ortega se ha negado “a acatar las recomendaciones” de los diferentes mecanismos de observación de la organización continental.

Presos Políticos

“Existen hoy 113 presos políticos en Nicaragua, los cuales llevan 14 días de huelga de hambre”, señala el comunicado, que explica que los reos “se han zurcido sus labios y tomarían la medida de coserse sus parpados también” si persisten las violaciones de sus derechos.

Las acciones penales se extienden a las actividades que se tengan lugar fuera del país.

En poco menos de un mes el gobierno de Ortega ha propuesto ante la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) la Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

El jueves, por votación de 70 contra 17, los legisladores sandinistas en la Asamblea Nacional, aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, a pesar de las condenas y llamados de profesionales de la información y gobiernos como Estados Unidos o la Unión Europea a echar abajo la legislación.

La diputada sandinista Irma Dávila declaró en defensa de la norma aprobada: “En nuestro país algunos que han venido desestabilizando pretendiendo robar la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses (…). Esta no es una ley penal, esta no es una ley de persecución no sabemos por qué brincan, qué les duele tanto", insistió.

Por último,  la OEA “insta al gobierno de Nicaragua a restablecer la normalidad del hilo constitucional, respetando la separación de poderes, las libertades públicas y el Estado de Derecho”, concluye el comunicado.

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VOA

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