Amaya Coppens, estudiante belga-nicaragüense, fue arrestada por segunda vez tras llevarles agua a 11 mujeres en huelga de hambre contra el gobierno de Daniel Ortega. La Fiscalía la acusa de “traslado ilegal de armas”.
"Es un golpe duro, pero no es una sorpresa”, dice Federico Coppens, belga, sociólogo y padre de Amaya. "Desde la renuncia de (el expresidente boliviano) Evo Morales, escuchamos el discurso de Daniel Ortega y supimos que iba a aumentar la represión”, comenta.
Amaya Eva Coppens, líder estudiantil de 25 años, fue detenida la primera vez por participar en marchas callejeras, al calor de la revuelta social que estalló en Nicaragua en abril de 2018. Estuvo presa nueve meses y fue excarcelada el 11 de junio junto a otros 55 líderes sociales, bajo una polémica ley de amnistía.
"Intentamos persuadirla que dejara el país, pero fue imposible… Se puso furiosa, me colgó el teléfono y volvió a las barricadas”, recuerda el padre. Poco después, el 10 de septiembre de 2018, caería presa en la ciudad de León (occidente), donde cursaba el quinto y último año de la carrera de medicina.
Becada por tener excelencia académica, en 2015 se había graduado también con honores como bachiller en un colegio internacional de Hong Kong, adscrito a la red United World College.
En enero pasado, una delegación del Parlamento Europeo encabezada por el español Ramón Jáuregui visitó la cárcel de mujeres en Managua y le propuso a Amaya interceder por su libertad "como ciudadana belga”, pero ella se negó alegando que no saldría sin sus compañeras de celda.
"Agua, no armas”
"Desde niña fue muy alegre, pero también terca e independiente. Ella pelea contra lo que considera injusto”, recuerda Federico Coppens. Piensa que ese mismo carácter llevó a su hija a unirse a otros doce activistas opositores que la noche del 14 de noviembre viajaron a la vecina ciudad de Masaya para apoyar una huelga de hambre de once madres de "presos políticos” que demandaban su libertad.
La huelga había iniciado horas antes –y duró nueve días– en la pequeña iglesia San Miguel, regentada por Edwin Román, un sacerdote de 62 años que apoyó las protestas antigubernamentales de 2018. Román denunció que la Policía tenía rodeada la parroquia y que el gobierno les había cortado el servicio de agua y energía eléctrica.
El grupo que llegó a Masaya logró arrojar varias botellas de agua al interior del templo y al salir de la ciudad fueron detenidos. Cuatro días después, el lunes 18, los activistas fueron acusados por la Fiscalía por "traslado ilegal de armas” y enviados a prisión preventiva.
La Policía informó que les decomisó al grupo tres revólveres, 12 bombas molotov, una escopeta y municiones. "Pretendían efectuar ataques a unidades policiales y a monumentos de héroes y mártires” sandinistas, indicó el informe oficial.
Esa misma tarde, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, advirtió enfáticamente que el gobierno "no permitirá que nadie amenace la paz” y acusó a los obispos católicos de "tocar a Dios con las manos sucias”. "Con la paz no se juega, porque en este país queremos trabajo y tranquilidad”, dijo la esposa de Ortega.
"Todo esto es absurdo. Fue un secuestro, los detuvieron sin orden judicial y les fabricaron evidencias colocando armas en los vehículos”, alega Federico Coppens. "Todos vimos los videos de los muchachos esa noche. ¡Llevaban agua, no armas!”.
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