La Comisión inicia sus observaciones anotando que el gobierno de Daniel Ortega no permitió su ingreso al país el pasado 14 de septiembre y no facilitó información para poder obtener su versión de los hechos, sin embargo, lograron reunirse con víctimas, defensores de derechos humanos y activistas, así como representantes de diversos sectores de la sociedad civil, entre los que estuvieron la Unidad Nacional Azul y Blanco , CIDH, CENIDH, expertos electorales, Alianza Cívica, madres de víctimas y presos políticos , movimientos campesinos, la Asociación Médicos Exiliados en Costa Rica y un representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en Costa Rica, así como medios de comunicación.
Con todos los testimonios la comisión concluyó que: “El Gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a limitar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano.”.
La Comisión constata acoso e intimidación contra opositores, violación de derechos políticos, violación a la libertad de prensa y expresión, trato inhumano y detenciones arbitrarias, subordinación del Estado por el Ejecutivo, y rompimiento del orden constitucional.
Se señala que la situación de Nicaragua “es crítica” y urgen la atención inmediata por parte del Sistema Interamericano y de la comunidad internacional.
También indican que el control de Ortega sobre todos los poderes del Estado “hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho” y sugieren reformas institucionales profundas, iniciando por las electorales.
Se abre puerta a expulsión
La Comisión concluye que Nicaragua no tiene presente los elementos que integran las democracias participativas y por lo tanto viola lo establecido en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
Al hacer esta observación, se estaría abriendo la puerta para la posible expulsión del país del organismo, pues un requisito fundamental para pertenecer, es el respeto del orden institucional y democrático
Luego de señalar todas las violaciones a derechos humanos documentadas, la Comisión de alto nivel indica que la situación del país” da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
En ese sentido la Comisión solicita al pleno de la OEA declara en Nicaragua una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático así como convocar inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión.
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