Avellán y los otros funcionarios son acusados de participar y apoyar al gobierno en los crimenes de lesa humanidad en contra la población nicaragüense, durante el estallido de las protestas en abril del 2018
Comunicado del departamento del Tesoro sobre las Sanciones en contra de Avellán y Cambell y López
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón Antonio Avellan, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, quienes han tenido un papel en la dirección de entidades involucradas abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Además, Ramón Antonio Avellan está siendo designado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA).
"Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso y la corrupción de los derechos humanos", dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich. "Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas".
La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, y se dirige a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación.
RAMON ANTONIO AVELLAN
Ramon Antonio Avellán está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 y la NHRAA por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua, y por ser el Director General Adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o derechos humanos. abuso contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Avellán llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Avellán dirigió la "Operación Limpieza" en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbo. Los ataques del PNN y la parapolicia bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos.
LUMBERTO IGNACIO CAMPBELL
Lumberto Ignacio Campbell Hooker (Campbell) es el Presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), y está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua.
Campbell ha sido presidente interino del CSE desde 2018, y antes de eso, fue vicepresidente del CSE desde 2014. El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN.
ROBERTO JOSE LOPEZ GOMEZ
Roberto José López Gómez (López) está siendo designado de conformidad con E.O. 13851 por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua, y por ser el Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.
El anuncio de López del 16 de abril de 2018 de cambios en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política. El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno. El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma. El INSS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo.
La entidad internacional había anunciado una serie de regulaciones detalladas para aplicar las sanciones a los funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega, entre ellos su esposa Rosario Murillo, Laureano Ortega y Néstor Moncada Lau, a quienes señalan de violaciones a los derechos humanos.
La información fue publicada por la Oficina de Control de activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y es para dar cumplimiento a la orden ejecutiva 13851, del 27 de noviembre del año pasado.
Según el documento los bienes e intereses en las propiedades de las personas sancionadas están bloqueados y se publican en el Registro Federal de Estados Unidos, además de incorporarse a la OFAC
Indica que “cualquier transferencia después de la fecha de vigencia que viole cualquier disposición de este o de cualquier regulación, orden, directiva, decisión, instrucción o licencia emitida de conformidad con esta parte, y que involucra cualquier propiedad o interés en propiedad bloqueada es nulo e inválido y no será la base para la afirmación o reconocimiento de cualquier interés o derecho, recurso, poder o privilegio con respecto a dicha propiedad o interés en la propiedad”.
Según las definiciones generales que se utilizan en el documento, los términos “cuenta bloqueada” y “propiedad bloqueada” significarán “cualquier cuenta o propiedad sujeta a las prohibiciones en nombre de una persona cuya propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados”.
Con relación a los pagos, transferencias, exportaciones, los retiros u otras transacciones no pueden realizarse ni efectuarse excepto de conformidad con una licencia u otra autorización de la OFAC.
La orden también implica que con respecto a los pagos y transferencias a cuentas bloqueadas en instituciones financieras de EE. UU. cualquier pago de fondos o transferencia de crédito de una persona sancionada, que está en posesión o control de una institución financiera de EE. UU. debe bloquearse en una cuenta en los libros de esa institución financiera. En otros palabras, no podrán realizar ninguna transacción.
La reglamentación entró en vigencia desde el 4 de septiembre.
Además de Avellán, Cambell y López habian sido sido sancionados otros once funcionarios del gobierno: Sonia Castro, Orlando Castillo, Francisco Díaz, Francisco López, Óscar Mojica Obregón, Néstor Moncada Lau, Fidel Moreno Briones, Rosario Murillo Zambrana, Laureano Ortega Murillo, Gustavo Porras y Roberto Rivas Reyes, además del Banco Corporativo (Bancorp), propiedad de Albanisa.
