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Jovenes universitarios que participaron en las protestas antigubernamentales continuan expulsados de la UNAN León-imagen tomada de Prensa Libre

La líder estudiantil Amaya Coppens denuncia que ella y más de 140 universitarios, quienes  participaron en las protestas antigubernamentales del 18 de abril continúan expulsados de la UNAN León, y a pesar de que se han dirigido formalmente con las autoridades correspondiente del recinto, sobre su situación académica siguen sin darles respuestas

"Pues estamos completamente inmovilizados, como estudiantes, pues antes  de encarcelarme borraron mi registro académico, lo volvieron a poner para decir que soy yo la que no quiere estudiar, pero envié una carta exigiendo que clarificaran mi situación y no he tenido absolutamente ninguna  respuesta, entonces de los que han sido excarcelados, ninguno ha podido regresar a clase, estamos completamente desmovilizados" expresó Coppens

143 universitarios continúan expulsados 

De acuerdo con la Opositora son alrededor de 143 jovenes que por participar en las protestas todavía se encuentra en calidad de expulsados

"l143 los que desde la coordinadora pudimos contabilizar que están expulsados formalmente, eso sin contar los que tuvieron que irse para resguardar su seguridad, su integridad física" manifestó Coppens

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Para la lider estudiantil esto representa  que a los excarcelados políticos se les están negando sus derechos ciudadanos "En general como excarcelado ya no tenemos derechos ciudadanos" dijo Coppens.

Además advirtió que no solo en el aspecto academico los excarcelados enfrentan problemas, sino en el laboral, sector salud y sobre el constante asedio que sufren por parte de la policía nacional y simpatizantes del gobierno.

De acuerdo a organismos de derechos humanos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la mayor cantidad de denuncias que reciben provienen de opositores y excarcelados, quienes denuncian el acoso por parte de personas afines al gobierno y también de oficiales de la Policia Nacional, que son los que deberían proteger a la ciudadanía en general, sin importar su idiología política, es parte de lo que argumentan los afectados.