Esta no es la primera vez que los embajadores de los 28 países miembros de la UE conversan sobre la creación de este marco jurídico, una medida que busca aumentar la presión al Gobierno de Nicaragua para promover el diálogo con la oposición, según revelaron funcionarios europeos a la Agencia Francesa de Prensa (AFP) a principios de este mes.
Los embajadores de la Unión Europea se pusieron de acuerdo sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones en caso que dé el paso, dicho marco tendría que ser confirmado por el Consejo de la Unión en la siguiente reunión de ministros de Exteriores que se realizará en octubre.
Este será un paso necesario en el caso de que la Unión Europea decida aplicar sanciones individuales en el futuro, las cuales comprenden la prohibición de entrada en los países miembros de la UE y la congelación de bienes en territorio comunitario, pero no incluye la elaboración de listados de personas concretas susceptibles de ser objeto de ese tipo de medidas restrictivas, según dijeron las fuentes a EFE.
El 14 de marzo, el Parlamento Europeo urgió a la UE a adoptar “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales” contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que “cesase la represión” y se restablezcan “plenamente” los “derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En una resolución aprobada en marzo con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones la Eurocámara también instó a “la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión (…) y el retorno de las organizaciones internacionales al país”.
La propuesta del marco jurídico ya pasó a los órganos encargados de América Latina y de Relaciones Exteriores del Consejo de la UE, según dijeron semanas atrás funcionarios europeos.
Nicaragua sufre una crisis sociopolítica que inició el 18 de abril de 2018, producto de la represión y las violaciones de derechos humanos más 328 han sido asesinadas, hay más de 130 presos políticos y más de 80 mil nicaragüenses que se han visto forzados al exilio, de acuerdo a informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Fuente: La Prensa
