Navas, originario de la Isla de Ometepe, Rivas, es uno de los rostros más conocidos del Movimiento Campesino. Fue detenido el 17 de noviembre de 2018 y acusado de terrorismo, crimen organizado, financiamiento al terrorismo, asesinato, entre otros delitos.
La CIDH explicó que posterior a su liberación, Navas habría vuelto a ser seguido, presuntamente por autos de la Policía o “parapolicías”, de forma semejante a la persecución de la que habría sido blanco antes de su detención, por lo que habría pasado a quedarse en “casas de seguridad”.
El pasado 12 de agosto, al regresar de Costa Rica, junto a la también excarcelada Kenia Gutiérrez, tras participar en una marcha de exiliados, ambos fueron retenidos por policías y antimotines por más de una hora, les cuestionaron sobre sus ideologías políticas y supuesto financiamiento de la marcha campesina; también les tomaron fotos, revisaron su teléfono, una agenda personal, sus maletas y les quitaron artículos personales.
Posteriormente, la Policía habría intentado retenerlo, sin aclarar las razones, lo que habría sido evitado con la llegada de medios de comunicación independientes y representantes de la sociedad civil.
En ese contexto, la Comisión tomó en consideración que los agentes estatales que habrían cuestionado al propuesto beneficiario estarían “fuertemente armados” y que le habrían amenazado, con relación a familiares del propuesto beneficiario que vivirían presuntamente en el exterior, supuestamente afirmando que “los brazos del comandante van más allá de la frontera”.
De acuerdo con el artículo 25 de su reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Freddy Navas.
“El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos del beneficiario de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros (…)”, dijo la CIDH.
Informacion:Periodico Hoy
