De esta manera, de acuerdo al TAM, se estaría cerrando el caso, y por ende la investigación del asesinato del periodista, aunque sus familiares siguen demandando el esclarecimiento del crimen para que no quede en la impunidad.
«Lo que queda es investigar a los verdaderos responsables del hecho. La familia considera que Brandon y Glen no son los responsables. Los magistrados dan por cerrado el caso en tribunales nacionales y queda a criterio de la familia acudir a tribunales internacionales», dijo Boanerge Fornos, representante legal de la familia de la víctima.
Los magistrados integrantes de dicha sala, Martha Quezada, Napoleón Pereira e Ingrid Lazo ordenaron también en el auto resolutivo la cancelación de los antecedentes penales, pero no emiten una sentencia de sobreseimiento definitivo a favor de los jóvenes, situación que los deja en inseguridad jurídica, porque en cualquier momento pueden reabrir el caso a conveniencia del régimen, explicó su abogado Maynor Curtis.
Curtis, abogado de Glen Slate, presentó este lunes 9 de septiembre un escrito de reposición donde pide sentencia motivada y razonada de sobreseimiento por extinción de la acción penal, en vista de la Ley de Amnistía que aplicaron los mismos magistrados del TAM a favor de los procesados.
Además, pide la devolución de bienes ocupados a los jóvenes y se especifique los delitos a ser cancelados en los registros de antecedentes penales.
Ambos jóvenes fueron condenados en agosto de 2018. Lovo fue condenado por supuestamente disparar un arma artesanal desde una distancia de entre 64 y 94 metros, contra el periodista Gahona, mientras daba cobertura a las protestas, por lo que recibió una pena de 23 años de prisión, y Slate fue procesado como colaborador necesario y condenado a 12 años y medio de cárcel.
Ambos jóvenes autoconvocados fueron excarcelados el 11 de junio de 2019, junto a 54 presos políticos más. El último grupo que el régimen dejó salir de la cárcel, desde entonces el resto de presos políticos ha permanecido en la cárcel, según la Unidad Azul y Blanco son al menos 130 reos políticos en prisión.
Fuente: La Prensa
