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Daniel Ortega, Rosario Murillo-pareja presidencial-imagen tomada de la Prensa

El gobierno de Nicaragua rechazó categóricamente el informe de la Oficina   del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): en donde se le acusa de cometer graves crímenes de lesa humanidad en contra el pueblo nicaragüense, debido a que a su criterio es parcializado, pretende realizar transformaciones a la estructura del Estado, y atenta contra la soberanía e independencia de Nicaragua.

El pasado 31 de agosto la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, envió a la delegación permanente de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe sobre la situación de derechos humanos que se estableció en la resolución 40/2 del 21 de marzo y que será debatido este 10 de septiembre en la sede de ese organismo en Ginebra, Suiza.

Ese documento oficial se hizo público este 6 de septiembre mediante las redes sociales de OACNUDH y en resumen establece que, en Nicaragua, al igual que en 2018, se siguen violando masivamente los derechos de los nicaragüenses, persisten las formas de torturas, abusos contra los detenidos, desapariciones forzosas, persecución a los activistas de derechos humanos, periodistas, líderes comunales, estudiantes y cualquier forma de expresión contraria a las directrices de la dictadura.

El informe de OACNUDH, a la vez, denuncia que persiste la impunidad por los graves crímenes cometidos por las fuerzas del orden y las autoridades que dejaron más de 300 personas asesinadas, más de 2,000 heridos y hasta 88,000 exiliados.

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Y por ello, la oficina de Bachelet hizo 14 recomendaciones para encontrar una solución pacífica a la crisis, entre las cuales figuran un llamado al diálogo, reformas electorales, justicia, desarme de los grupos parapoliciales, reparación para las víctimas, investigación para los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos por de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otras medidas encaminadas a regresarle al pueblo los derechos confiscados mediante la represión.

«El Estado de Nicaragua reitera su inconformidad y rechazo a la Resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, del 21 de marzo de 2019, en la que solicitó a la OACNUDH preparar un informe por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y lo presente en el 42avo Período de Sesiones» expresa el comunicado del gobierno .

«El período del informe (del 19 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019) debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de períodos anteriores al 19 de agosto de 2018. OACNUDH incumple este mandato del Consejo de Derechos Humanos, al insistir en incluir información sobre hechos ocurridos con anterioridad»,

«La metodología citada para la recopilación de la información, OACNUDH no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. De manera que la identificación de fuentes y la recopilación de la información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, lo que no se corresponde con un informe metodológicamente serio».

«Igualmente, no se hace mención al procedimiento concreto utilizado para identificar fuentes y verificar la información. La falta de rigor metodológico en la elaboración del informe, su contenido, conclusiones y recomendaciones hace que carezcan de veracidad y credibilidad», insiste

«El Estado de Nicaragua observa que el capítulo y el informe está descontextualizado, porque el contexto que OACNUDH pretende establecer para desarrollar su informe, está retrotraído a un período anterior del mandato y no refleja la realidad actual de Nicaragua de Restablecimiento de Derechos de la Población, de Paz, Estabilidad, Seguridad, Reactivación de la Economía, y el funcionamiento del Estado compatible con el Ordenamiento Jurídico Nacional y el Derecho Internacional», dice en defensa el documento oficialista.

Para El estado, «el enfoque de la OACNUDH es alejado de la realidad, con visión parcializada y sesgada porque minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional… Repiten sin verificar noticias falsas contra el Estado de Nicaragua haciendo señalamientos de manera irresponsable y con ligereza sin ninguna prueba, tales como el uso desproporcionado de fuerza, supuestas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en los centros de detención, entre otros».

«El informe, las conclusiones y recomendaciones no son aceptables para el Gobierno de Nicaragua por cuanto pretenden realizar transformaciones profundas en la superestructura del Estado y su funcionamiento jurídico, que son propios de su independencia, soberanía y autodeterminación. El informe manifiesta una tendencia de injerencia directa en los asuntos internos del país al intentar subordinar la institucionalidad nacional a la tutela de organismos internacionales», cierra la respuesta de la dictadura.

Fuente: La Prensa