El parlamentario expuso que el objetivo es cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica y el Caribe y evitar que las transacciones de los empresarios sean afectadas.
De no cumplirse la sugerencia, los nacionales en el exterior tampoco podrán enviar sus remesas, afectando a más de medio millón de familias que reciben este beneficio.
El parlamentario explicó que incluir a los abogados y notarios como sujetos obligados a denunciar las operaciones sospechosas que realizan algunas personas, es una exigencia del GAFILAC que no solo demos cumplir nosotros sino todos los países.
La Ley contra el terrorismo de Nicaragua ha sido criticada por sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos defensores de derechos humanos, incluida Naciones Unidas, por ser utilizada por Ortega para amenazar y encarcelar a los ciudadanos que participaron en las protestas en su contra, iniciadas en abril del 2018.
En julio pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció sobre la Ley contra el terrorismo de Nicaragua, señalando que su “texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta.
Los sectores controlados por la UAF. Según Ley 977, obliga a los contadores, abogados y notarios públicos a rendir informes sobre las actividades de sus clientes, sean empresas o personas naturales, cuando las considere operaciones sospechosas, lo cual supuestamente es para fortalecer al país contra la delincuencia organizada.
Fuente: La Prensa/La Primerísima
