El Cejil solicita que se inicie un proceso de limpieza de los territorios indígenas, y se adopten medidas para garantizar el retorno de las familias a sus comunidades de origen, teniendo la garantía de los servicios básicos como salud, educación, agua potable, vivienda, alimentación, entre otros.
También se demanda al Estado de Nicaragua que investigue las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos contra las comunidades misquitas, incluyendo amenazas, asesinatos, lesiones, secuestros y violencia sexual.
El informe detalla el poco actuar del gobierno ante los ataques a las comunidades indígenas las cuales enfrentan la impunidad, el desamparo, y la falta de un plan para contrarrestar los impactos del desplazamiento por lo que advierte que como estado “no ha cumplido con sus obligaciones internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las personas que los defienden”.
El documento se basó en la situación y experiencias de quienes integran las 12 comunidades misquitas, que el Cejil y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), acompañan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).en las comunidades: Francia Sirpi, Esperanza Río Coco, Esperanza, Río Wawa, Klisnak, Santa Clara, Santa Fe, San Jerónimo, Wisconsin y Wiwinak, donde persiste la violencia e impunidad.