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Vie, 05 Junio

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Paula María Bertol, Embajadora de  Argentina ante la OEA-imagen tomada de Metro

La comisión de alto nivel que se acordó conformar  en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de realizar gestiones diplomáticas y encontrar una ruta de solución pacífica al conflicto socio político que enfrenta Nicaragua desde abril del año pasado tiene un mes de retraso y se desconoce cuando la presidencia del Consejo Permanente a cargo del Estado de Grenada la constituirá. 

Dicho medio entrevistó a la  embajadora de Argentina ante la OEA, Paula María Bertol, quien explicó que el primer paso es que la presidenta del Consejo Permanente (CP), Yolande Smith, convoque a los grupos regionales a consultas, para la formación de la comisión para Nicaragua

“Creemos que están haciendo consultas, confiamos en que eso sea así. Sabemos que la presidenta del Grupo de Trabajo para Nicaragua (Jennifer Loten, de Canadá) estuvo reunida con ella (Smith) el fin de semana que llegamos de la Asamblea, para solicitarle que prontamente se constituya esa comisión”, dijo Bertol.

La comisión que deberá crear el Consejo Permanente, como parte de la aplicación a Nicaragua del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, tendrá un plazo máximo de 75 días para rendir un informe sobre las “gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social” en este país centroamericano. La comisión podría ser integrada por personalidades, sean secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, vicecancilleres o cancilleres, no solo embajadores, explica Bertol

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La 49 Asamblea General de la OEA aprobó en junio una resolución por la crisis de Nicaragua, en uno de sus puntos ordena al Consejo Permanente a crear una comisión de alto nivel para gestionar una solución en el país. La resolución de Medellín sobre Nicaragua instruye al Consejo Permanente a que, una vez recibido el informe de la comisión, “adopte las medidas necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”, para continuar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática.

“La situación en Nicaragua”, resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019, establece seis puntos en los que insta al Gobierno nicaragüense a reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el pleno cumplimiento de los acuerdos de liberación de manifestantes encarcelados y la restitución de los derechos, libertades y garantías  de los nicaragüenses, firmados en marzo durante la negociación suspendida el 16 de mayo pasado.

También solicita al Estado de Nicaragua permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, además de otros mecanismos internacionales de derechos humanos, que el año pasado fueron retirados del país por decisión del Gobierno.

“En estos días, esto es lo que nos va a ocupar, saber de cada país qué altas autoridades podrían ocupar un lugar en esa comisión”, dice la representante argentina. “No hay un número máximo o mínimo que debe tener la comisión, no lo dice la Resolución en absoluto, creo que vamos a apelar a la racionabilidad de todos nosotros para que sea un grupo que pueda tener diversidad de regiones”

El Grupo de Trabajo, creado para resolver la crisis nicaragüense, tiene otra preocupación. “Nos parece que es muy acuciante resolver que vuelvan los derechos humanos a Nicaragua y, por eso, para nosotros no es un tema menor, es un tema que estipula la resolución y que debería concretarse ya porque eso está claro desde el momento en que se aprobó la resolución en la Asamblea. Por lo tanto, deben volver”, advierte la embajadora de Argentina en la OEA.

Hace más de un año, en la primera sesión del Consejo Permanente sobre el caso Nicaragua, el 22 de junio de 2018, la mayoría de embajadores en la OEA apoyaron a los nicaragüenses que exigían justicia, libertad y democracia.

El conflicto del país, originado por unas reformas a la seguridad social decretadas por el Gobierno a mediados de abril de 2018 y que desataron protestas ciudadanas, ha causado más de 300 muertos que en su momento comprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expuso ante el pleno de la OEA.

Fuente: El NUEVO DIARIO