Sin embargo, dada la supresión de estas libertades públicas por parte del Gobierno de Daniel Ortega, la Fundación Violeta B. de Chamorro apoya los esfuerzos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para el restablecimiento de estos y todos los Derechos y Garantías ciudadanas contempladas en los Acuerdos con el Gobierno, suscritos en la mesa de negociación el pasado 29 de marzo 2019.
En consecuencia la Fundación Violeta B. de Chamorro, en cumplimiento de su misión de apoyar la libertad de expresión y luchar por ella cuando no tenemos la dicha de poseerla y, a solicitud de la Alianza Cívica, anunciaron esfuerzos conjuntos para la elaboración del Protocolo sobre Libertad de Expresión y el Derecho a la Información en base a los puntos 10 y 17 de dichos acuerdos firmados ante testigos y garantes internacionales. El Protocolo sobre la Libertad de Expresión y Derecho a la Información representa una guía práctica que establece las condiciones generales para la restitución de los derechos de los periodistas y medios de comunicación independientes, violentados a partir del estallido social iniciado el 18 de abril 2018, y que continúan hasta la fecha.
Entre las violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información, la Fundación Violeta B. Chamorro ha contabilizado más de 1,080 violaciones a la libertad de prensa, entre las cuales están: un periodista asesinado (Ángel Gahona en Bluefields), 5 encarcelados (ya liberados), más de 90 en el exilio forzado y el allanamiento y secuestro de medios, entre otros actos represivos.
Las formas de represión que más destacan son las lesiones físicas, amenazas, intimidación, acoso o presión, lenguaje estigmatizante, ataques a la reputación y la honra, las revisiones exhaustivas de instituciones como la DGI, INSS, UAF, TELCOR, entre otros; la retenciones arbitrarias de materia prima como el papel a La Prensa y Nuevo Diario, la confiscación de propiedades muebles y/o inmuebles (Canal 100% Noticias y las salas de redacción de Esta Semana, Esta Noche, Confidencial y Niú), la cancelación de personerías jurídicas, así como detenciones arbitrarias, entre otras.
El Protocolo se concentrará en lo siguiente:
1. La identificación de violaciones a estos derechos.
2. La revisión de los casos y sus procesos
. 3. Las acciones que el Estado de Nicaragua deberá adoptar para garantizar estos derechos a los periodistas, directores de programas independientes, dueños de medios y trabajadores de dichos medios, en el ejercicio de su actividad periodística.
4. La obligación del Estado de garantizar las medidas de reparación a periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación.
Las personas y medios afectados pueden escribir solicitando información a los siguientes correos:
Fundación Violeta Barrios de Chamorro