Monseñor Carlos Avilés explicó que la organización mantiene su personería jurídica, pero señaló que les preocupan estos actos que entienden como formas de represalias y presión de parte del gobierno por su papel en la crisis sociopolítica que vive el país.“Ciertamente lo vemos como una manera de presionar, porque se cumplen con todos los requisitos, todos los documentos y llega cierto momento en que no se ejecuta”, manifestó el sacerdote.
Monseñor Avilés recordó que el 19 de julio del año pasado, fecha en que se conmemora el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de ser golpistas y terroristas.
“Lo hemos dicho varias veces, desde el año pasado, el 19 de julio, el presidente llamó golpistas y terroristas a los obispos, y a muchos sacerdotes les siguen acusando falsamente de muchas cosas, de torturadores de asesinos, lo cual es totalmente falso, y ciertamente es algo que queremos externar, nuestra preocupación y nuestra firme convicción de que son falsedades”, concretizó.
Por su parte, el diputado Sandinista Wilfredo Navarro sostuvo que la situación de Cáritas es la misma de varias organizaciones sociales, que según dijo, no cumplen con los requisitos de ley. “Es que no llenan los requisitos. La ley establece que deben presentar informes anuales, deben de presentar las juntas directivas, que deben rellenar los requisitos contables de los libros” manifestó.
A través de un comunicado, Cáritas señala que el único tramite en revisión son las constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación. Los religiosos esperan una pronta respuesta del Estado. pues muchos nicaragüenses dependen de la ayuda de esta organización.
“Hasta el día de hoy el único trámite en revisión son nuestras constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación, mismas que avalan la documentación administrativa de la institución (actas de junta directiva, libros contables y donaciones recibidas)”, dice el comunicado.
Lo que preocupa a feligreses de la Iglesia Católica es que de esta misma forma inició el asedio contra organizaciones como: Hagamos Democracia, Fundación Popol Na, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otros organismos sociales a quienes finalmente les cancelaron su personería jurídica.
Voz de América
