Además, se plantea que aunque hace cinco meses el Gobierno y la oposición iniciaron un proceso de negociación, el estado no ha cumplido los convenios establecidos en la mesa de negociación con el objetivo de garantizar los derechos de la ciudadanía; al contrario se ha intensificado la persecución contra las voces opositoras. A la vez, se Menciona el deber del Gobierno de respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población
Por otro lado, el Estado ha negado todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y, además, mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos.</p>El organismo enumera que a lo largo del primer semestre del año
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