El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Sergio Maltes, manifestó a la Voz de América que el gobierno ejerce presión sobre el sector privado hace mucho tiempo.
“Presionando a las empresas viene aumentando el desempleo y la inestabilidad económica. Después del apoyo que ha habido de muchas empresas durante el paro de consumo desde la semana pasada, los que vienen ahorita es a presionar, a tomar represalias, a amenazarlos”, aseguró el también presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua.
El representante del sector privado añadió que recientemente se han observado nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica.
Los representantes de la cúpula empresarial expondrán a los dueños de los negocios afectados por las represalias gubernamentales una ruta jurídica para demandar la restitución de sus derechos y que puedan reabrir sus locales cerrados por apoyar el paro nacional reciente.
Sin embargo, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME), Leonardo Torres, explicó en conversación con la Voz de América que ninguno de sus afiliados ha sido víctima de represión de parte de las instituciones públicas.
“No hemos tenido ninguna información ni ninguna denuncia, ni ningún señalamiento de ningún empresario agremiado a CONIMIPYME en todas sus cámaras y en todo el país, que haya sido objeto de alguna represalia por parte de alguna institución pública por participar o no en algún paro, en tal sentido nosotros no hemos sido afectados por alguna medida”, aseguró Torres.
Sin embargo, en la última semana, los dueños de comercios en varios departamentos del país denunciaron cierres injustificados entendidos como medidas de presión del gobierno.
Según el COSEP, el gobierno está actuando principalmente contra el sector farmacéutico que se unió al paro nacional el pasado 23 de mayo. El sector privado además elaborará una denuncia ante organismos internacionales y los testigos de la mesa de negociación sobre las actuaciones del gobierno contra los dueños de negocios que han participado en las protestas.
VOA
