Los juristas proponen la sentencia de sobreseimiento por falta de prueba, sentencia revocatoria y sentencia absolutoria. Estas corresponden al poder judicial y Ministerio Público.La otra figura legal es el desistimiento de denuncia por falta de prueba o por no participar en los hechos. Esto le corresponde a la Fiscalía y Policía.
Los juristas estiman que el tiempo para aplicar estas medidas es de 19 días, siempre y cuando haya voluntad política de parte de las autoridades del régimen de Daniel Ortega.La abogada Aura Alarcón explicó que estas figuras son seguras, legales, rápidas y conforme al ordenamiento jurídico nicaragüense y que únicamente requieren la voluntad política del gobierno.
Una de las preocupaciones de los padres de los autoconvocados detenidos es quién va a garantizar y supervisar la aplicación de estas figuras legales, y cómo se hará con los presos políticos acusados por delitos comunes y con los que excarcelan y vuelven a apresar por supuestos delitos comunes.
El abogado Arnulfo López entregó el documento de las rutas legales a miembros de la Alianza Cívica, entre ellos, Juan Sebastián Chamorro y José Pallais.Azahalea Solís, miembro del organismo opositor, dijo que a la lista de presos políticos se han agregado a quienes tienen acusados por delitos comunes y se han aportado las pruebas de cada caso.
Agregó que la propuesta se llevará a la mesa de diálogo para que ningún preso por sus ideas salga con amnistía, como si fuera un paramilitar, “sino que su nombre quede limpio, como siempre han estado”.
Periódico Hoy
