La excarcelación se da dos días después de que el Gobierno y la oposición finalizaron un diálogo con miras a superar la crisis política, en el que sólo se pusieron de acuerdo en las excarcelaciones en un período máximo de tres meses. Diversas organizaciones de derechos humanos locales aseguran que aún quedan tras las rejas unas 550 personas. El gobierno de Ortega, sin embargo, sostiene que son 82 los que restan liberar.
"El Ministerio de Gobernación ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos", dijo el despacho en un comunicado. "Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares".
Los liberados fueron llevados a sus casas en vehículos del Sistema Penitenciario Nacional desde la madrugada del viernes, según dijeron familiares de los detenidos a radios locales. Sin embargo, no se retiraron los cargos contra los manifestantes, que fueron acusados de "alterar el orden público y atacar la paz en Nicaragua". En su lugar, en su mayoría fueron transferidos a una forma de arresto domiciliario, a excepción de la libertad sin restricciones que la oposición ha exigido en las negociaciones con los representantes del gobierno.
"Estar en casa me siento libre", dijo el manifestante libre Franklin Rodrigo Artola García. "Me siento feliz de estar con mi madre, con mi padre, con toda mi familia ... Y voy a seguir luchando porque Nicaragua debe ser libre y debe ser ciento por ciento pura, cero corrupción, cero asesinos".
Los opositores de Ortega han dicho que más de 640 personas estaban detenidas por razones políticas, encarceladas en protestas que estallaron hace un año contra el gobierno. Los funcionarios de Ortega dicen que el número real es mucho menor.
Luís Alvarado, representante alternativo de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, dijo que las liberaciones de prisioneros son "una prueba del compromiso del estado y el gobierno de Nicaragua con los acuerdos alcanzados hasta ahora" en las conversaciones.
Los documentos firmados en las conversaciones recientes entre el gobierno y la coalición de la oposición Civic Alliance piden al Comité Internacional de la Cruz Roja que proponga una lista actualizada de los prisioneros que deberían ser liberados a mediados de mayo.
Los liberados del viernes sorprendieron tanto al CICR como a la oposición. "El CICR no está involucrado en la liberación ... anunciada hoy", dijo Alberto Cabezas, un portavoz de la organización con sede en México.
Azahálea Solís, líder de la Alianza Cívica y negociadora en las conversaciones, dijo que solo el jueves su grupo recibió una lista "reconciliada" de personas consideradas presos políticos. "No nos aconsejaron" sobre los lanzamientos del viernes, dijo Solís. "Habíamos acordado implementar la salida de los prisioneros de acuerdo con lo acordado con el gobierno y la Cruz Roja".
Agregó que los lanzamientos inesperados crean confusión porque "ahora tendremos que revisar todas las listas nuevamente". Según una lista proporcionada por el Ministerio del Interior, entre los liberados se encuentran estudiantes, trabajadores agrícolas y profesionales arrestados por participar en las protestas, que estallaron el pasado mes de abril por una reforma de la seguridad social y se ampliaron para exigir que Ortega abandone el cargo. Fueron entregados a familias de la capital, Managua y otras ciudades.
"Los que están sentados en la mesa de negociaciones pueden continuar siendo firmes en los temas que plantean y demandan", dijo Jeffry Ortega, otro estudiante liberado el viernes. "Y que el presidente cese la represión y deje que las cosas sean como eran antes".
El ministerio no especificó si los 50 estaban entre los presos políticos considerados por la oposición. Solís dijo que no todos los liberados estaban bajo arresto domiciliario, y algunos tenían un estatus legal diferente y otros en la cárcel izquierda "sin documentos".
En Washington, Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó un informe completo de las personas arrestadas y acordado por todas las partes.
"La comisión cree que el proceso de liberación debe ser ordenado, acelerado, transparente y con certeza sobre el estado legal de los liberados", dijo Hernández. Los comunicados se produjeron dos días después de la conclusión de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, donde los representantes de Ortega se comprometieron a "liberar" a mediados de mayo a los manifestantes, algunos de los cuales han estado tras las rejas durante casi un año. El gobierno también aceptó la anulación de juicios, condenas y órdenes de arresto pendientes.
"Continuamos trabajando para llegar a un consenso y acuerdos sobre los asuntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como... democracia y reformas electorales que constituyen la base para celebrar elecciones de acuerdo con la Constitución de Nicaragua", dijo Alvarado, el enviado nicaragüense a la OEA.
También el viernes, la policía anunció que no se autorizaría una marcha de oposición convocada para el sábado. El año pasado, el gobierno impuso una prohibición de facto que esencialmente anuló todas las manifestaciones contra el gobierno, aunque algunas más pequeñas se han visto recientemente desde que comenzaron las conversaciones. Una declaración policial reconoció que la protesta está protegida por la Constitución, pero dijo que National Blue and White Unity, una coalición a la que pertenece la Alianza Cívica, "no tiene legitimidad para celebrar reuniones" y estuvo "involucrada en graves disturbios del orden público" en semanas anteriores. Más tarde, la coalición abandonó su plan para una marcha, que había dicho anteriormente que había convocado en el contexto de un acuerdo durante las conversaciones que el gobierno se comprometería a restaurar las libertades de los medios de comunicación, la expresión y la movilización pública. La Alianza Cívica ha dicho que 779 personas fueron arrestadas debido a las protestas, mientras que una comisión de la verdad formada por el gobierno dice que había 261. Los funcionarios de Ortega han acusado a los manifestantes de ser "traficantes de golpes" y "terroristas" dispuestos a derrocar a su gobierno.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 personas murieron en los disturbios, 2.000 más resultaron heridas y al menos 52.000 huyeron del país para el exilio. El gobierno de Ortega niega que existan presos políticos en su país. También asegura que la justicia nicaragüense es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes. En mayo, poco después de que estallaron las protestas contra el gobierno izquierdista, un diálogo mediado por la Iglesia católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales, pautadas para 2021. Las mismas causas hicieron naufragar las conversaciones retomadas a fines de febrero.
Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990): el déficit presupuestario de 2019 es de 320 millones de dólares, algunos de sus funcionarios -incluyendo la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
Con información de Voz de América
